Sevilla

Siete años de proceso: entre el soborno y la «trama-trampa»

Hoy se elige el jurado que juzgará el presunto cohecho en el ayuntamiento

La Razón
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SEVILLA- Reza Gardel que «20 años no es nada». Siete pendiente de un juicio pueden ser muchos. La vista judicial del «caso Camas» arranca hoy con la elección del jurado tras lustro y medio de investigación y recursos que han dilatado el proceso hasta hacer menguar la magnitud del que parecía el mayor escándalo de corrupción de España, con ediles detenidos en plena noche, grabaciones, sobornos y menciones a sicarios. Llegó Malaya, Gürtell, Mercasevilla y los ERE y lo del municipio camero devino en entremés provincial.

Hace siete años, un mes y cinco días, los focos señalaron al Ayuntamiento de Camas como epicentro de la corrupción municipal. El entonces alcalde –Agustín Pavón–, los ex ediles Antonio Enrique Fraile (PP) y José del Castillo (PA), el ex munícipe de Castilleja de Guzmán Aureliano Lucas (PP) –posteriormente exculpado– y el empresario Eusebio Gaviño fueron detenidos por el supuesto intento de soborno a la ex concejal Carmen Lobo para el Pleno del 13 de septiembre de 2005. La acusación: cohecho. Prueba de cargo: las declaraciones del ex edil Francisco Gordo y la citada Lobo, unas grabaciones y un sobre con 12.000 euros. La Fiscalía solicita una condena de 18 meses de prisión y una multa de 24.000 euros, doble del dinero ofrecido la edil.

Los imputados aseguran que su objetivo era «desatascar la situación de bloqueo del Consistorio» y que cayeron en una «trama-trampa» urdida por el PSOE, con el ex delegado de Empleo y ex alcalde de Camas Antonio Rivas a la cabeza, con la aquiescencia del PP y el trasfondo de un convenio urbanístico paralizado con el mandato de Pavón: los Hallones.
Los encartados señalan a Rivas como el «cerebro» de una «trama-trampa». El encargado de prender el ninot. Según el escrito de arrepentimiento de la tránsfuga Larrinaga, Rivas conocía los pinchazos telefónicos antes de las detenciones. Y según fuentes municipales, en aquella Feria de 2005, inaugurada por Curro Romero, Rivas «predijo», en referencia a Pavón, Fraile y Del Castillo: «Éstos ya van a estar en la cárcel». La sentencia cobró sentido en poco tiempo, cuando los ediles y el empresario Eusebio Gaviño fueron detenidos 20 horas, sumándose el ex alcalde no mucho después. Los imputados defienden que las cintas que dieron origen a las detenciones están manipuladas y no son las originales, compartiendo esto la Fiscalía. El juez ordenó verificar las voces. La Guardia Civil concluye que no reconoce la voz de Fraile y que las del resto de imputados son «más fáciles de observar».

«Pensábamos saltarnos el ‘Stop', pero al llegar a la señal, no nos lo saltamos. Quieren condenarnos por algo que suponen que íbamos a hacer, pero no hicimos», resume un imputado. El objetivo de la «trama-trampa», según los inculpados, era «romper el pacto», algo que «Rivas ya intentó desde el primer día de Gobierno». Fuentes cercanas a Rivas aseguran que éste no tiene «nada que ver» con el «caso Camas» y que se entera del cohecho porque «Gaviño se va de la lengua» con terceras personas.

Ironías judiciales, «el caso Camas» arranca justo cuando acaba el «caso Mercasevilla», en el que sí está imputado Antonio Rivas.