El Gobierno incumple su propio Decreto sobre formación a parados

Los cursos de formación que reciben los parados han estado semanas en el centro del debate político, pero no por lo que debería considerarse un tema primordial, la eficacia de sus contenidos o su orientación, sino por la decisión que ha adoptado el Gobierno de penalizar a aquellos que rechacen cursos de forma reiterada. Política que el secretario de Formación para el Empleo de CC OO, Fernando Puig-Samper, califica de «errática», pues si a los cursos de formación se les ve sólo como un requisito formal y el no hacerlos constituye un motivo de sanción, «no sirven para nada». Puig-Samper reclama en este sentido una revisión «profunda» de sus contenidos, que califica de «genéricos» y poco «adecuados» a cada sector.

El Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio aprobado por el Gobierno fijaba como objetivo establecer un proceso de reconocimiento de las competencias adquiridas por las personas a través de la experiencia laboral o de la formación. Todo ello, con el fin de facilitar la empleabilidad de los ciudadanos. Sin embargo, según lamenta el secretario de Formación para el Empleo de CC OO, las herramientas para evaluar y acreditar esas competencias adquiridas durante los cursos de formación «no se están construyendo».

Puig-Samper considera indispensable no sólo crear un sistema de «orientación» que permita identificar las carencias del desempleado, sino que además los cursos de formación sean «verificables oficialmente».  Aunque los cursos son competencia de sindicatos, CEOE y la Fundación Tripartita para la formación en el empleo (perteneciente al Sector Público Estatal), Puig-Samper explica que la norma legal para cambiarlos ha llegado hace sólo un año y «falta experiencia» y «recursos económicos» para aplicar el nuevo sistema. Los sindicatos y CEOE abrirán en octubre un proceso negociador para revisar los cursos.

Reforma «profunda»
Si es cierto que las políticas de formación no están bien orientadas no es de extrañar que el propio Zapatero haya propuesto una reforma en «profundidad» de los servicios públicos de empleo (SPEE). Según un estudio realizado por la Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal (Agett), los SPEE sólo colocan al 3% de los parados. Otro de los problemas que arrastran y que la secretaria de Estado de Empleo, Maravillas Rojo, apunta, es que mientras en Alemania hay 96.400 funcionarios para atender a 3,1 millones de parados, en España hay 20.000 educadores para 4,2 millones de parados.

Sin embargo no son pocos los recursos que se destinan a políticas de formación, transferidas a las comunidades autónomas. En 2010 el Estado aportó en formación para el empleo 149 millones de euros, mientras que el Fondo Social Europeo aportó otros 250 millones de euros y los empresarios y trabajadores a través de las cuotas que pagan a la Seguridad Social (0,7%), destinaron 2.172 millones de euros. En total el presupuesto para formación para el empleo asciende en 2010 a 2.571 millones de euros. De esa cantidad un 40% (1,02 millones de euros) se destina a formación a desempleados y el restante 60% (1,54 millones de euros) a formación a ocupados.

Del presupuesto destinado a formación para parados las comunidades autónomas gestionan 854 millones de euros. En 2010 Andalucía fue la comunidad que más recursos recibió (193 millones de euros) para cursos a desempleados. Del presupuesto a formación para ocupados, la gran mayoría, 507 millones de euros (32,9%), se destinan en bonificaciones a las empresas, un 27,7% (428 millones) en iniciativas de gestión autonómica, otro 27,7% en iniciativas de gestión estatal, un 9% en formación a empleados públicos y el restante 2,7% a la Fundación Tripartita. Patronales y sindicatos reciben otros 413 millones de euros para planes sectoriales, intersectoriales e intersectoriales de autónomos. Los sindicatos y la CEOE disponen de sus propias estructurales profesionales para organizar la formación, aunque en algunos casos contratan a profesores externos.