Insumisión en los peajes

BARCELONA-Abertis se ha convertido estos días en el protagonista involuntario de un debate abierto hace años en Cataluña, pero que se ha reavivado en las últimas semanas con motivo de la campaña «No vull pagar», y que gira en torno a la elevada carga de peajes que padece la comunidad autónoma. La concesionaria dice comprender algunos de los argumentos de quienes apoyan esta campaña, que fomenta no pagar los peajes de las vías catalanas, pero asegura que esta no es la vía para cambiar la situación y reclama la intervención de las administraciones.
«Entendemos el razonamiento de los ciudadanos y es comprensible por la situación de crisis y también por una red viaria que es inarmónica y desequilibrada territorialmente», afirma el director general de Abertis Autopistas, Josep Lluís Giménez. En cualquier caso, la concesionaria, que se muestra en desacuerdo con un posible rescate de las autopistas de Madrid a costa de alargar las concesiones en las autopistas catalanas, señala a las administraciones públicas como las únicas con capacidad para subsanar esta situación, puesto que son ellas las que tienen potestad en la planificación, y pone de relieve su papel de simple gestor de infraestructuras.

El papel de la administración
En esta línea se manifestó el presidente de Abertis, Salvador Alemany, durante un coloquio en la sede de fomento del Trabajo. «La Administración sabe lo que tiene que hacer», afirmó Alemany, mientras que Giménez, quien calificó incluso de «agravio comparativo» la carga de peajes que sufre Cataluña y otras comunidades autónomas respecto al resto del país, señaló que deben ser las administraciones quienes busquen una armonización que ponga fin a esos desequilibrios.
Pese a ello, desde la concesionaria se ha invalidado el argumento de algunos de los promotores de la iniciativa «No vull pagar» por el que defienden la ilegitimidad de los peajes, dado que la construcción de estas vías ya está amortizada desde hace años. Abertis recuerda que ahora es necesario mantener, mejorar y ampliar esas vías, lo que conlleva importantes inversiones por parte de la compañía, como la que se ha realizado en la AP-7 para la ampliación de un tercer carril del tramo entre Martorell y Hospitalet de l'Infant, la cual asciende a los 200 millones de euros.

Sin confrontaciones
En cualquier caso, el director general indicó que, como concesionaria, Abertis tiene derecho a cobrar el peaje y las instituciones «han de prever los mecanismos para garantizar ese cobro, ya que de otro modo se crearía una inseguridad jurídica a las empresas». Y es que por ahora, el número de usuarios que se niega a pagar es poco significativo, ya que en Cataluña son un centenar de las 400.000 transacciones que se producen diariamente, pero si no se toman medidas podría convertirse en una práctica habitual. «Hemos trasladado a la administración nuestra preocupación y se están produciendo conversaciones al respecto», revelan desde la concesionaria.
Por ahora, la postura de Abertis es la de evitar la confrontación con aquellos clientes que se niegan a pagar el peaje. Todos los empleados han recibido instrucciones de limitarse a tomar los datos de la matrícula y levantar la barrera para dejar pasar al vehículo, aunque manteniendo el semáforo en rojo al considerar que se está cometiendo una infracción, siempre y cuando ello no conlleve una confrontación innecesaria. A posteriori, la concesionaria reclama al propietario del vehículo el pago del peaje por vía administrativa y presenta una denuncia ante los Mossos de Esquadra para que se tomen las medidas que se consideren oportunas.
 «Consideramos que los clientes que toman esta postura no están pagando un servicio del que están disfrutando y de esta manera, incumplen un contrato entre un particular y la empresa, así como las señales de circulación, como el semáforo en rojo», indican fuentes de Abertis, quienes, además, avanzan que «se está estudiando si además estas personas incurren en un delito de estafa, por lo que se podría ir también por la vía penal», una opción que también se contempla desde el Consell de l'Advogacia Catalana. «Si se demuestra que ha habido voluntad de no cumplir con el contrato y no pagar, entonces se le puede dar un enfoque penal al asunto al considerar que se está produciendo estafa», indica el presidente de la institución, Antoni Moles, quien advierte que «no sabremos qué pasará hasta que haya sentencia ya que no hay jurisprudencia al respecto».