El Constitucional permite a la Universidad vasca retomar la «enseñanza» a presos etarras

MADRID- Los presos vascos internados tanto en cárceles españolas como francesas podrán estudiar en la Universidad del País Vasco (UPV), sin que sea imprescindible que suscriban un convenio con la Administración penitenciaria en el que se fijen «las condiciones y el rigor y la calidad inherentes a ese tipo de estudios», ya que ello supone una vulneración del derecho a la autonomía universitaria. Así lo ha establecido el Tribunal Constitucional al revocar una sentencia del Tribunal Supremo, de abril de 2009, por la que se anulaba el Protocolo para la Atención de Personas Internas en Centros Penitenciarios aprobado por la UPV en octubre de 2004, lo que obligó entonces a suspender la matrícula a 57 reclusos que estaban inscritos en estudios impartidos por la citada universidad.

El Alto Tribunal considera que es plenamente constitucional el que se supedite la educación universitaria a los internos a la formalización de un convenio con la Administración, «para asegurar que la prestación del servicio ocasionará el menor trastorno posible a la conv ivencia ordinaria en el seno de la institución penitenciaria». Sin embargo, el TC considera inadmisible cuando de la firma de ese convenio interadministrativa «se hace depender no sólo la posibilidad de la efectiva impartición de docencia universitaria a distancia a internos penitenciarios, sino la validez misma de la ordenación abstracta por la universidad de las especialidades que la prestación de los servicios educativos a prestar a distancia a internos en centros penitenciarios ha de revestir para adaptarse a tan singulares estudiantes».

En este punto, añade la resolución del TC, dado que la regulación del modo y las condiciones en las que la Universidad prestará el servicio educativo a distancia a los internos en centros penitenciarios corresponde efectuarla al centro universitario «libre de injerencias externas», su efectiva ordenación en el protocolo con carácter previo a la suscripción del convenio con la Administración Penitenciaria, a cuya firma se condiciona la efectiva y material prestación de la docencia a distancia, «permite a ésta conocer anticipadamente la repercusión que en el régimen penitenciario podría tener el seguimiento por los internos de los estudios a distancia por ella prestados, así como, en su caso, arbitrar los medios necesarios que lo hagan posible en cumplimiento del mandato».

Las discrepancias surgieron en 2003, cuando una reforma de la Ley General Penitenciaria fijó que aquellas universidades que quisieran impartir estudios a reclusos estaban obligadas a suscribir un convenio con la Administración penitenciaria. El Estado se negó y poco después la UPV aprobaba el citado protocolo como paso previo a formalizar un convenio con la Administración. La Abogacía del Estado recurrió ante el TSJ del País Vasco, que lo rechazó. Sin embargo, el Supremo consideró que era «requisito habilitante previo» a poder impartir enseñanza universitaria a distancia la firma del correspondiente convenio, por lo que anuló. El TC concluye ahora que esa decisión supuso atentar contra la autonomía universitaria de la UPV.

Casos sospechosos

José Ángel Viguri
La «fiebre» universitaria de los etarras les permite redimir buena parte de sus condenas. El caso de Viguri es bien significativo. Condenado a 51 años por su participación en el «comando Araba» en un atentado en Llodio en 1998, cuando comenzó a estudiar su segunda carrera, aún no había aprobado Selectividad. Lo que no le impidió licenciarse en Periodismo.

Zorión Zamacola
Zamacola terminó su carrera cuando estaba huido de la Justicia, pero es que además obtuvo una matrícula de honor en una asignatura que exigía clases prácticas presenciales. No acaban ahí los datos sorprendentes. Y es que, según su expediente académico, el acta de acceso a la Universidad del País Vasco recoge el 1 de enero como la fecha en que aprobó COU y Selectividad, en plenas vacaciones de Navidad.

Elena Beloki
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco abrió diligencias de investigación por la concesión por la Universidad del País Vasco del título de Periodismo a la etarra. La sospecha era que las notas de la etarra fueron falsificadas «con el concierto» de profesores del centro, ya que, oficialmente, estudió la carrera entre 1986 y 1991, pero en esos años estuvo huida de la Justicia o en la cárcel en Francia.

Antonio López Ruiz, «Kubati»
Nada menos que diez años de pena consiguió redimir de su condena por estudios. Según las investigaciones de la Fiscalía General del Estado, «Kubati», asesino de «Yoyes», utilizó un DNI ficticio, como otros miembros de ETA, para cursar sus estudios. Además, no figuraba ningún dato de acceso a los estudios universitarios.