El colegio concertado sale más barato

Eso es precisamente lo que está estudiando un grupo de trabajo integrado por representantes del Ministerio de Educación, de las comunidades autónomas (Madrid y Andalucía), de la patronal de la enseñanza (Escuelas católicas y CECE) y de los sindicatos (FSIE y USO). Se trata de revisar la cantidad económica que la Administración debe asignar a los colegios concertados sin que les genere déficit, como ahora ocurre. Y es que la concertada pasa apuros. La cuantía que Educación destina directamente a estos centros para cubrir lo que se conoce como «otros gastos» (personal de limpieza, ordenanzas, secretaría...) es insuficiente, (porque la administración educativa se encarga de pagar directamente las nóminas de los profesores en nombre del titular del colegio). «La situación actual es que si no fuera por las aportaciones voluntarias de los padres y por los márgenes que dejan los servicios que ofrecen los colegios, como el de comedor, o las actividades extraescolares, algunos centros no podrían salir adelante», explica José Antonio Poveda, asesor jurídico de Escuelas Católicas. Pero «el funcionamiento de un colegio no puede depender de que tenga más o menos usuarios de comedor, ni tampoco de las aportaciones voluntarias de los padres». Un estudio reciente de Escuelas Católicas constata que las cuotas voluntarias de los padres de alumnos a los centros concertados han bajado hasta un 15 por ciento sólo en Madrid a causa de la crisis. Sin embargo, «si no fuese por este donativo hay centros que lo pasarían realmente mal».
La revisión que está haciendo esta comisión técnica responde a un mandato de la Ley Orgánica de Educación (LOE). Ahora corresponde a un organismo independiente calcular la cuantía exacta que la Administración debe pagar a los centros concertados por cada alumno. «Es una labor nada sencilla porque para saber, por ejemplo, qué gasto medio tienen los colegios de luz es necesario tener los datos de todos los que hay en España y el desembolso que realizan por este concepto», explica Alfonso Aguiló, vicepresidente de la patronal de la enseñanza privada y concertada CECE.
Escuelas Católicas ha puesto ya algunas objeciones sobre la mesa de debate. Y es que el Ministerio de Educación dice que, a la hora de calcular el coste educativo, se debe tener en cuenta que los centros concertados alquilan sus instalaciones fuera del horario escolar y por ello obtienen unos ingresos. Pero «el Ministerio no puede hacer depender la viabilidad económica de un centro dependiendo de las instalaciones que posean porque hay algunos que carecen de ellas», añade Poveda, de Escuelas Católicas.

Diferencias
¿Cuánto cuesta hoy en día que un niño estudie en un colegio? El último informe de la patronal de la enseñanza privada y concertada CECE (con datos de 2008), constata que la Administración se gasta por alumno una media de 2.771 euros, mientras que en la pública desembolsa por cada estudiante 7.083 euros. Aunque estos datos son medias, se aprecian importantes oscilaciones ya que las comunidades autónomas implementan en mayor o menor medida las cantidades que de-sembolsa la Administración central. Así, si Andalucía gasta en la concertada 2.395 euros por niño y curso académico, en el País Vasco esta cantidad asciende a los 3.791 y en Navarra, a 3.487. En la pública, Andalucía dedica 5.352 euros (alumno/año), mientras que en el País Vasco llega a los 10.388 o en Navarra a 8.481euros. Estas dos comunidades son las que más fondos destinan.
La patronal de la enseñanza privada y concertada CECE, asegura que los conciertos educativos suponen a las comunidades autónomas un ahorro anual de 2.350 millones de euros. Su presidente, Antonio Rodríguez Campra, asegura que «si todas las comunidades autónomas tuvieran concertada el 50% de la enseñanza, España ahorraría anualmente 14.250 millones de euros y si desaparecieran los conciertos educativos, las administraciones deberían invertir en su conjunto 2.350 millones más de lo que gastan actualmente en los conciertos».
Es por esto por lo que CECE ha reivindicato el derecho de las familias a recibir la enseñanza que desean y a estar sostenidos con fondos públicos porque «son mucho más baratos, son más demandados por las familias españolas y son los que obtienen mejores resultados», sentencia Campra.

Último rechazo
La ley de igualdad de trato, que supondrá la retirada de conciertos para los centros que educan por separado a niños y niñas, fue rechazada por la Mesa del Congreso el mes pasado tras la petición del Gobierno de tramitar el proyecto por la vía de urgencia. La ley, que penalizará todo tipo de discriminaciones de raza, sexo o religión, creará un organismo para investigar las vulneraciones de la norma, que se podrán multar con sanciones que superen los 40.000 euros.