Fernando de Rosa: «Caamaño no ha cumplido las metas se necesita un cambio»

MADRID- ¿Qué valoración le merece la renuncia de tres jueces del Tribunal Constitucional?
–Destaco la frase del escrito de Javier Delgado, en la que dice que cuando la Constitución funciona todo va bien, y cuando no funciona todo sale mal. Creo que ésto lo puede resumir.

–¿No considera, en todo caso, que existe dejación por parte del Legislativo en sus funciones de cubrir las vacantes con un retraso notable?
–La propia ley establece la renovación del TC. Los órganos correspondientes que deben proceder a la renovación tienen que tomar buena nota de la situación en que se encuentra el tribunal. Por eso, debería efectuarse de forma inmediata una renovación y estudiar la reforma de la ley para incluir mecanismos que eviten una situación de interinidad tan grande en los órganos institucionales.

–¿En qué línea deben ir esas reformas?
–Podíamos pensar en la posibilidad de que el TC, pasado un plazo razonable sin renovación, que los magistrados con mandato vencido abandonaran el Pleno y se tuviera obligatoriamente que proceder a su renovación sin ellos en la propia Cámara.
 
–¿Qué le parece la propuesta del PP de que los magistrados sean vitalicios?
–Es interesante. En Estados Unidos está teniendo éxito y los órganos constitucionales tienen una valoración muy alta entre los ciudadanos. No obstante, es el propio Legislativo al que corresponde tomar las decisiones y encontrar una solución que eviten situaciones como las que nos encontramos ahora.

–¿Con todo lo ocurrido en las últimas semanas –esas renuncias, críticas desde la Fiscalía General del CGPJ, enmiendas que se retiran, etc–, ¿considera que la Justicia atraviesa una crisis como pocas veces en su historia?
–La Justicia, desde el punto de vista amplio, se encuentra en una situación muy compleja que debe provocar en aquellos que tienen potestad de decisión una reflexión sobre la asignatura pendiente de la democracia: una reforma en profundidad de la Administración de Justicia.

–¿Cuáles serían esas reformas?
–No son sólo las reformas que tradicionalmente exige la Administración de Justicia, como mejorar los medios materiales o personales; sino que habría que entrar a reflexionar en cuál es la función del CGPJ en un sistema democrático y autonómico. Igual habría que hacer sobre el papel del Ministerio de Justicia, una vez que se transfiera a las comunidades autónomas las competencias. Habrá que ver entonces en qué se convierte ese ministerio. Y, sobre todo, los mecanismos de renovación del Poder Judicial. Esas serían las grandes reflexiones a abordar.

–¿Qué la parecieron las acusaciones del fiscal general del Estado al CGPJ de extralimitarse en sus funciones al realizar propuestas como la reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal?
–Me parece lamentable que el fiscal general del Estado quiera poner una mordaza al Consejo General del Poder Judicial. Pienso sinceramente que nos corresponde realizar cualquier propuesta modernizadora y reformista de la Justicia, sobre todo las que vienen de la base judicial, junta de jueces decanos, presidentes de tribunales superiores de Justicia, y la cúpula judicial representada por la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo. El Consejo debe y tiene la obligación de hacer llegar, en todos los ámbitos de la sociedad, las propuestas que modestamente consideramos que mejoran a la Administración de Justicia. En ningún momento se debe intentar amordazar a un órgano constitucional como es el Consejo General del Poder Judicial.

–¿Cómo reacciones como la del ministro Caamaño cuando señaló que se enteró de las enmiendas «de tapadillo»?
–Se pueden estar o no de acuerdo con las propuestas, porque entiendo que son complejas, pero jamás se puede acusar al Consejo de una actuación oscura. Nos reunimos con el ministro en su despacho; con el presidente del Gobierno, también en presencia de Caamaño; con el líder de la oposición, Mariano Rajoy, y con los grupos parlamentarios. En todos los casos, con luz y taquígrafos. Por ello, quien diga que este Consejo ha actuado de tapadillo, miente.

–Sin embargo, parece que las leyes sobre las que proponen reformas difícilmente se aprobarán en esta legislatura.
–La Ley de Modernización ha pasado ya por el Senado y espero que sea aprobada por el Congreso, con la enmienda apoyada por CiU, Coalición Canaria y PP, y a la que el PSOE se opuso, reconociendo las competencias del Consejo en materia de interoperatividad y seguridad de las tecnologías de la información y comunicación.

–Después de los famosos paros de jueces de 2009, hubo una especie de compromiso para que los juzgados estuviesen intercomunicados, para evitar un nuevo «caso Santiago del Valle». Parece que no se ha cumplido ese objetivo
 –Nadie entiende que la posibilidad de inrtercomunicación de los juzgados no esté ya en lo cotidiano de las sedes judiciales en el año 2011. A principios de la presente legislatura hubo muchas expectativas de que habría un cambio tecnológico profundo, y estamos acabando la misma y aun existe ese sentimiento de frustración en la Justicia.

–Los datos indican que la inversión en Justicia no llega al 0,4% del Producto Interior Bruto. El PSOE se comprometió a que llegaría al 2%. ¿Cómo calificaría la política de inversión por el Gobierno?
–La Justicia ha tenido la desgracia de que cuando había «vacas gordas» en el ámbito económico no se notó en la aportación de medios; y ahora, que hay «vacas flacas» se está notando de una forma intensa esa falta de medios. En esta última legislatura hubo unas buenas expectativas de inicio, tal como se reaccionó después de los dos paros de jueces en 2009, y hemos terminado no solamente con una disminución de sueldos a jueces y magistrados, sino también que en 2011 aun no sabemos los órganos judiciales que se van a crear.

–¿Ha sido una política de inversión errática o de mínimos?
–Ha sido una política que nos ha llevado a una nueva frustración.

–Tampoco parece que se vayan a aprobar las grandes leyes pendientes –reforma del Procedimiento Laboral y Enjuiciamiento Civil y Criminal–. ¿Cómo calificaría la política legislativa del Ministerio?
–Mi impresión es que de repente se nos ha venido encima el final de la legislatura. Cuando fue nombrado el actual ministro, sinceramente pensé que, atendiendo su carácter constitucionalista, podríamos entrar en una fase de profunda reforma legislativa. La realidad es que aun estamos hablando de reformas, proyectos y no de BOE.

–¿Qué valoración hace de la gestión de Caamaño en Justicia?
–Pienso que el ministro Caamaño, del que no dudo de que haya tenido buena voluntad a la hora de llevar a cabo su gestión, no ha alcanzado o cumplido todas aquellas metas que puso de manifiesto al inicio de su mandato. No podemos hablar de interoperatividad de los juzgados, el expediente digital debería haberse puesto en marcha previamente a la Oficina Judicial, debería haberse resuelto el problema de falta de jueces y debería también haber hecho la reforma pendiente de la Justicia, que es la dotación presupuestaria cercana a ese 2 por ciento que se comprometió (el PSOE).

–¿Qué nota le pondría?
–No me corresponde ponerle ninguna nota a nadie, porque le respeto profundamente; pero sí quiero indicar la sensación de que es necesario una nueva orientación en la Justicia es algo que está ampliamente extendida y pienso que cunde el sentimiento de que es necesario algo distinto, ya que lo que se nos presenta a corto plazo no está dando soluciones.

–¿Se siente decepcionado porque no se hayan atendido las principales propuestas de reforma?
–Como miembro del CGPJ, me hubiera gustado que el Plan de Modernización que aprobamos en noviembre de 2008 a fecha de hoy estuviera en fase de cumplimiento. Me siento frustrado porque la sociedad sigue sin ver a la Justicia como un servicio público de calidad. Y cada uno debe asumir su parte de responsabilidad.