El Gobierno deja tirado al pepino

Primero, descartó una demanda a Alemania por su pésima gestión en la crisis del pepino, cuyas secuelas están causando una sangría de cientos de millones de euros al sector agrario español. Pero con el transcurso de las horas, y ante el malestar de los afectados, llegaron nuevas informaciones: no se descartan acciones legales. Lo que sí dejó claro el Gobierno es que, de momento, las únicas demandas tendrán que ser por parte de los particulares. El portavoz de Agricultura del PSOE en el Congreso, Alejando Alonso, animó a los productores a que emprendan acciones legales contra las autoridades alemanas, si bien el Gobierno les prestará «apoyo» y asesoría. La canciller, por su parte, sigue en sus trece: la coordinación entre el Gobierno federal y los «Länder» funcionó correctamente cuando se disparó la crisis alimentaria originada por la bacteria E. coli.

«Broma de mal gusto»
«¿Cómo va a demandar una empresa particular a Alemania?», se preguntaba con incredulidad Ricardo Serra, presidente de Asaja Andalucía. Para Serra, estamos ante un «disparate». «Primero, hay que desarrollar un trabajo diplomático. Y después, se tiene que disponer de una liquidez que ahora mismo no tenemos. Parece una broma de mal gusto», añaden desde la asociación representante de los agricultores andaluces. Los productores dan un paso más allá. José María Pozancos, presidente de la Federación Española de Productores y Exportadores (Fepex), afirmó ayer que si la UE se planta en las ayudas de 210 millones de euros para el sector agrícola –cantidad que se reduciría a unos 157 millones para los españoles–, debería demandarse a Bruselas. «La Comisión Europea es la responsable de la mala gestión de la crisis», afirmó ayer Pozancos a LA RAZÓN.

«Primero, el funcionamiento de la alerta sanitaria fue deficiente. Segundo, la crisis en la gestión de los mercados no tuvo respuesta por parte de la UE». Pozancos recuerda que «no hablamos de ayudas, sino de indemnizaciones. Y éstas tienen que ser del cien por cien por el daño causado». Por ello, la instancia judicial competente no puede ser otra que el Tribunal de Justicia de la UE. Productores y agricultores recuerdan los daños colaterales que han surgido desde que estalló la crisis: retirada de productos, abandono de cultivos, caída de la demanda, desplome de los precios... Y además, los cinco productos sobre los que indemnizará la UE –pepinos, tomates, lechugas, calabacines y pimientos– se han quedado cortos. Otros, como la zanahoria y la patata, también están siendo arrastrados por la alerta injustificada. No en vano, prosigue el veto impuesto por países como Rusia, que se niega a importar verduras europeas. La Eurocámara pidió ayer al país que ceda en su empeño.

La ministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar, trató de poner calma: todos los agricultores recibirán ayudas «cuanto antes», prometió ayer. Y mientras, López Garrido anunció que el Gobierno alemán «se ha comprometido» a llevar a cabo «acciones concretas» para recuperar «el prestigio de los productos agrícolas españoles». Los agricultores apoyan la medida, pero no olvidan: quieren que les devuelvan lo que les han quitado.

Demanda millonaria contra Hamburgo
La cooperativa malagueña Frunet –la primera empresa española acusada directamente por Alemania como responsable del brote de E. coli– ha presentado una demanda ante los tribunales de Hamburgo para poder acceder a los expedientes elaborados por las autoridades alemanas. Además, la empresa española prepara otra demanda por las pérdidas económicas, que podrían superar el millón de euros.