Cerco a la corrupción

Dimite el concejal de Fuenlabrada imputado en la operación Emperador

El concejal de Seguridad Ciudadana y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Fuenlabrada, José Borrás, ha presentado este viernes su dimisión "irrevocable"a sus cargos y ha anunciado la entrega de su acta, tras su detención en la 'Operación Emperador' contra la mafia china de Cobo Calleja.

Así lo ha anunciado el alcalde, Manuel Robles, después de que el edil se haya reunido con el regidor esta mañana. El alcalde ha asegurado que Borrás ha justificado su renuncia "por ética y respeto al compromiso con la ciudadanía", así como para "no perjudicar la figura del alcalde, la de los compañeros y compañeras del equipo de Gobierno, a la Agrupación Socialista y al Partido Socialista".

No obstante, el primer edil ha manifestado que, según le ha transmitido Borrás, éste hace la renuncia "desde la conciencia limpia respecto a que podrá demostrar su inocencia y que siempre ha obrado como concejal en cada una de las responsabilidades que se le han asignado con total honestidad, dedicación e ilusión buscando siempre lo mejor para Fuenlabrada, sus vecinos y vecinas".

Robles ha asegurado que acepta la "renuncia"al ser "consciente de la valía de este gesto y comportamiento"que "honra"al edil. "Comparto plenamente en la seguridad de que pueda demostrar su inocencia", ha explicado el primer edil en un comunicado.

"Como alcalde le agradezco profundamente, en nombre propio y en el de todo el Gobierno municipal su honestidad y sus servicios prestados", ha precisado.

El edil fue detenido el pasado martes en el marco de la operación 'Emperador' y fue llevado a declarar a la Audiencia Nacional. Tras ello, quedó en libertad sin fianza pero con la obligación de declarar periódicamente tras la imputación de los delitos de cohecho, malversación y tráfico de influencias.

Al edil se le vinculaba indiciariamente con la concesión de licencias fraudulentas de locales a miembros de la trama a cambio de cantidades económicas aún por cuantificar, por lo que el fiscal Anticorrupción José Grinda reclamó sin éxito su ingreso en prisión provisional eludible con una fianza de 10.000 euros para asegurar su sometimiento a la acción de la justicia.