La economía sumergida supera los 13000 millones en la Región

Valladolid (1.045 millones), León (908) y Burgos (686), por este orden, son las provincias castellano y leonesas donde más subyace este tipo de actividad y las que ocultan un mayor empleo irregular. A continuación se sitúan Salamanca (527), Segovia (385), Zamora (324), Palencia (276), ávila (221) y Soria (163).

Desde Gestha se señala que la implantación de unas políticas adecuadas que redujeran en unos diez puntos la tasa de fraude en Castilla y León -hasta el nivel de los países europeos más desarrollados- permitiría recaudar cada año casi 700 millones de euros adicionales procedentes de las cuotas a la Seguridad Social en la Comunidad.

Ante esta situación, los técnicos de Hacienda proponen la aplicación de un paln «más ambicioso y de amplio calado» que incluya también medidas específicas contra el fraude tributario, máxime si se tiene en cuenta que para poder mantener los empleos irregulares las empresas necesitan en primer lugar disponer de dinero negro con el que pagar al trabajador.

Para conseguirlo, las empresas evasoras recurren a diversos medios fraudulentos, como ocultar parte de las ventas y cobros, recibiendo facturas falsas o falseadas para simular gastos y pagos de mayor importe. De este modo, «una lucha más efectiva contra el fraude en materia fiscal atacaría también de raíz la economía sumergida en materia laboral».

Desde Gestha se recalca la importancia de que el nuevo plan recoja medidas específicas para hacer frente a las principales bolsas de economía sumergida, como es el fraude en el autoempleo de autónomos y gerentes de empresas individuales o familiares, especialmente en sectores como la agricultura, la construcción y oficios auxiliares, la hostelería y servicios turísticos, o transporte. Además, señalan que este Plan no debe limitarse a suavizar temporalmente las condiciones de afloramiento voluntario del empleo sumergido para luego endurecer las sanciones.