La Prensa contra la ley de igualdad de trato

La Asociación Española de Editores de Diarios (AEDE) expresó ayer su denuncia ante «el empeño del Gobierno por recortar las libertades de expresión e información en los periódicos». Estos recortes repercutirían directamente en el derecho que tienen todos los ciudadanos a ser informados, que se vería limitado al encontrarse los informadores, de algún modo, amordazados. Los editores de diarios expresan su crítica al proyecto de ley de igualdad de trato porque consideran que lesiona derechos fundamentales, favorece la excepcionalidad y «establece sanciones a medios de comunicación sin concretar cuáles son las conductas discriminatorias sancionables». En términos similares se expresa Sandra Moneo, del Grupo Parlamentario Popular, que considera que el proyecto de ley –no ha entrado aún en el Parlamento, aunque fue aprobado el viernes en Consejo de Ministros– «entra dentro de la esfera privada y pretende controlar determinados derechos amparados por la Constitución».

Autorregulación
Los editores de periódicos se quejan, también, de que el texto aprobado el viernes ha hecho caso omiso de la alegaciones que ellos hicieron llegar el pasado mes de marzo tanto al vicepresidente del Gobierno como a los ministros de Presidencia y Sanidad y al Consejo de Estado. AEDE asegura que ha expresado continuamente su oposición al artículo 22 –que obliga a los medios a respetar la igualdad de trato aunque no especifica cómo y, por otro lado, introduce el término autorregulación, que puede ser peligroso para la libertad de información– porque vulnera la jurisprudencia constitucional sobre las libertades de expresión, información, etc... y entra en conflicto con la libertad individual, además de contravenir la «libertad del autor a la hora de presentar hechos objetivos bajo el prisma del interés del lector».

AEDE subraya que el propio Consejo General del Poder Judicial ha destacado la falta de concreción en el proyecto de ley a la hora de definir las conductas sancionables por discriminatorias.Sandra Moneo se refiere a otro aspecto del proyecto de ley, que es la figura de «autoridad», a la que cualquier persona podrá dirigirse si se siente discriminada o cree que otros han sido discriminados en un medio de comunicación como en cualquier otro ámbito. «Desde el momento que introducen esta figura, los medios de comunicación, igual que todos los ciudadanos, estaremos sometidos a la continua vigilancia de una institución que solapa, además, algunas de las competencias del Defensor del Pueblo», explica la diputada popular.

Todos sospechosos
Moneo insiste en otro concepto importante, que es la inversión de la carga de la prueba, por lo que «todos somos sospechosos y debemos demostrar nuestra inociencia» en lugar de que el que denuncia demuestre la culpabilidad. Este mismo aspecto lo denuncia también AEDE, que añade que el proyecto de ley favorece las actuaciones de excepcionalidad «ante la restricción o interrupción de prestación de servicios» o la retirada de datos de internet. Además, la norma recurre a la vía sancionadora «con multas muy onerosas, de procedimientos inciertos y no convenientemente tipificadas», denuncian los editores.

Conflictivo artículo 22
No concreta los delitos, pero incorpora el término «autorregulación». Los medios de comunicación social respetarán el derecho a la igualdad de trato evitando la discriminación. Las administraciones públicas promoverán acuerdos de autorregulación de los medios que contribuyan al cumplimiento de la ley. Se considera publicidad ilícita la que contenga elementos de discriminación por razón de las causas previstas en esta ley.