La Generalitat planea multar a Renfe por los retrasos con hasta 30000 euros

BARCELONA– La Generalitat aprobó ayer el nuevo contrato programa con Renfe 2011-2015. Éste cambia el modelo seguido hasta ahora ya que incluye instrumentos para obligar al operador ferroviario a garantizar un servicio de calidad, accesible y puntual, como sanciones, penalizaciones económicas e, incluso, la posibilidad de rescindir el contrato. Pero, de momento, la Generalitat no firmará ese contrato. ¿Por qué? Porque antes de prometer a Renfe su continuidad en la explotación del servicio ferroviario, el Govern quiere asegurarse de que puede escoger, precisamente, quién opera las líneas férreas.

Así, para que el presidente catalán, Artur Mas, estampe su firma, la Generalitat pone como condición que el Gobierno cumpla con ciertas promesas heredadas del Ejecutivo socialista. Ésto es: modificar la Ley del Sector Ferroviario para que la administración catalana pueda tenga libertad para adjudicar el servicio a otras empresas además de a Renfe y quiere forzar a que Fomento haga efectivas las inversiones prevista por el Plan de Infraestructuras Ferroviarias de Cercanías en Barcelona 2008-2015, dotado con 4.000 millones de euros de los que se sólo se ha ejecutado un seis por ciento.

A principios de 2011, el Govern ya hizo el amago de congelar el acuerdo al que llegaron el tripartito y Renfe de concesión del servicio hasta 2015 a raíz de una huelga encubierta de maquinistas. Pero lejos de dejar el pacto en «stand by», la estrategia catalana pasa ahora por reformularlo y condicionar su vigencia. Eso sí, hasta que la propuesta del ejecutivo catalán no esté rubricada, el contrato firmado por el tripartito con la compañía se prorrogará. «Las cosas seguirán como hasta ahora», señaló el conseller de Territorio y Sostenibilidad, Lluís Recoder; «pero ésto no puede seguir eternamente, puesto que los perjudicados serían lo usuarios», añadió. Y es que, para Recoder, «los incumplimientos son precisamente los que provocan incidentes en la circulación ferroviaria, puesto que disponemos de material móvil muy antiguo, la puntualidad es insuficiente, y, sin la modificación de la ley ferroviaria, la Generalitat no puede elegir operador y se ve obligada a que sea Renfe».

El nuevo contrato, dotado con 143 millones de euros para 2012, prevé que las autoridades puedan sancionar con hasta 30.000 euros a Renfe por incumplimiento del contrato –por retrasos o supresión de trenes–; penalizar a Renfe «si no cumple con los indicadores de calidad» con una reducción de la aportación máxima de tres millones de euros al año. Hasta ahora, el Govern sólo puede abrir expedientes informativos sobre las incidencias. Asimismo, la Generalitat podrá rescindir el contrato en su totalidad o línea a línea. Este último aspecto implica que cada línea pasa a gestionarse por separado lo que facilita en un futuro a que su explotación se adjudique a un operador diferente. De hecho, Recoder asumió que, hoy por hoy, es prácticamente imposible encontrar una compañía con 256 trenes disponibles –entre Rodalies y Regionales– que pueda dar servicio a toda la red, no obstante, sí que consideró factible que, por ejemplo, Ferrocarrils de la Generalitat, se haga responsable de una o varias líneas. Los objetivos del Govern son: lograr el traspaso total de Cercanías a corto plazo y mejorar la competitividad del sector.

Otras obligaciones
Si, finalmente, se firma dicho contrato, Renfe estará obligada, además, a priorizar el uso del catalán en su relación con los usuarios. Deberá, asimismo, mejorar el servicio sustitutivo por carretera en caso de interrupción del servicio ferroviario a partir de los 90 minutos retraso y no de los 120 como hasta ahora. Si la demora es 15 minutos se devolverá el importe del billete a los pasajeros de forma «Xpress».