Cruel paradoja por Enrique LÓPEZ

Hay que reconocer que vivimos tiempos muy extraños y esta última semana es un buen ejemplo de lo que digo. Pasan cosas difíciles de entender. Esta semana hemos vivido el aniversario de uno de los más execrables crímenes cometidos por la banda terrorista ETA, el asesinato de Miguel Ángel Blanco, efemérides que año tras año recordamos con un profundo dolor por la pérdida sufrida y con una contenida rabia por lo vil de la acción, pero también recordamos la reacción de la sociedad española, que supuso un antes y un después en la respuesta a los criminales y a los entornos políticos y sociales en los que se amparaban. Pero a la vez, se filtró, sin haber sido notificada al Estado español, la sentencia del Tribunal de Estrasburgo sobre la conocida «doctrina Parot», sentencia cuyo contenido no puedo valorar por prudencia, pero que, al margen de la misma, me recuerda como en materia de represión terrorista se ha mantenido de forma vergonzosa, y hasta el año 1996, un marco legal que establecía un límite máximo de cumplimiento de treinta años, de los cuales se podía descontar un día de condena por cada dos de trabajo, provocando que penas que sumaban cientos de años fueran cumplidas en menos de veinte. Hasta el año 2003 no estaba asegurado el cumplimento cuasi íntegro de las condenas, lo cual provoca en la sociedad una sensación de injusticia. Muchas decisiones judiciales basadas en estas leyes no son entendidas por la sociedad. En muchos casos, podía haberse evitado, si el legislador hubiera adaptado el Código Penal a las previsiones de cualquiera de los de nuestro entorno. La pregunta es por qué no se hizo antes. Por qué no se modificó el Código Penal en los tiempos en los que en España eran asesinadas más de cien personas al año. Esto tiene unos responsables y ellos saben quiénes son. Algunos defendíamos ya en su momento el cumplimiento íntegro de las condenas y ello nos situaba casi fuera del escenario sólo por decirlo, argumentando como siempre lo del derecho de reinserción del preso. Al final reconocieron que este derecho era compatible con el cumplimiento eficaz de las condenas, pero, mientras tanto y por el camino, algunos de los miembros más sanguinarios de ETA alcanzaban su libertad con cumplimientos ridículos de penas. Algo que, cuando era conocido, por ejemplo, por los jueces franceses, nos hacía sonrojarnos ante su perplejidad. La explicación es sencilla, algunos y también ellos saben quiénes son, apostaron desde un principio por la creencia de la solución política, a eso que de forma absolutamente desvergonzada llaman conflicto. Algunos pensaban que en el año 2000 en España no iba a haber ni etarras poniendo bombas ni en prisión. Por eso las previsiones del Código Penal no eran importantes. Otros apostaron por pedir la ilegalización de la mitad de ANV, permitiendo con ello que el entorno político de ETA realmente nunca haya estado fuera de las instituciones, y poco más tarde tuvieron que reconocer de nuevo que todos seguían siendo ETA, solicitando ya la ilegalización de toda una formación. Hay algunos que en la lucha contra ETA han sido siempre arrastrados a aceptar que la única forma de luchar contra unos delincuentes es la Ley y su cumplimiento. Pero para que ésta fuera eficaz, había que adaptarla y modificarla y, por fortuna, hoy contamos con una ley que desde 2003 permite que terroristas sanguinarios cumplan penas de cuarenta años, si bien por respeto a nuestro Estado de Derecho no puede aplicarse de forma retroactiva y, como siempre, estos delincuentes acuden presto a colocarse en el burladero en el que para ellos se convierte la democracia. Hoy contamos con una ley de partidos políticos que cuando hay voluntad de aplicarla consigue resultados excepcionales. Pero a su vez, y ya para escarnio de los demócratas, surgen personajes que en esta misma semana enmarcan y justifican la violencia ejercida sobre Miguel Ángel Blanco, evitando hablar de asesinato. Hablan de otra violencia que sólo ellos han visto y llegan a decir que «una violencia ha alimentado otra. Un violento golpe de estado militar provocó la violencia de ETA; la violencia de ETA ha provocado la violencia del Estado, y se ha creado una espiral de círculos concéntricos cada vez más grandes». Resulta dramático que se coloque en un plano de igualdad la delincuencia de ETA con la respuesta del Estado de Derecho a la misma, algo así como si se retroalimentaran. La verdad es que, si no hubiera muertos por medio, esto sería de sainete. En fin, en la misma semana en que tenemos que padecer las consecuencias de que algunos no hubieran querido armar el Estado de Derecho contra la criminalidad de ETA, tenemos que oír que la razón de la existencia de ETA es la aplicación de la Ley contra su crímenes. No cabe paradoja más cruel, ni desvergüenza más lacerante.

ENRIQUE LÓPEZ
Magistrado