La Junta usó empresas comisionistas como apagafuegos en los conflictos

Sevilla- La sorpresa de la mañana la dio el administrador de la empresa mediadora Uniter, José González Mata. Su condición de imputado en el caso de los ERE fraudulentos que instruye la juez Mercedes Alaya hacía pensar que se acogiera a su derecho a no declarar. Así ha ocurrido con otras personas en su misma situación citadas en la primera ronda y ocurrió ayer con el comercial de Vitalia Antonio Albarracín y el «conseguidor» Juan Lanzas. González Mata dijo sentirse «muy a gusto» en la comisión y aceptó las preguntas de los tres grupos parlamentarios, no sin pisar algún jardín que podría volverse en su contra cuando declare ante la magistrada instructora del caso.

Se afanó González Mata en desmentir una relación de amistad personal con el ex consejero de Empleo Antonio Fernández, encarcelado por el caso ERE y actualmente en libertad con cargos. «Se me ha acusado de mantener amistad íntima con Antonio Fernández García. Podría decirles que la desventura une a los individuos, que la adversidad compartida crea vínculos de solidaridad (...) Pero cuando comenzó el proceso que motiva esta comparecencia y en los años posteriores, mis relaciones con Fernández han sido meramente coyunturales». «Jamás formó parte Fernández del círculo íntimo de mis amistades ni yo del suyo. Ni he asistido a celebraciones familiares ni él a las mías, ni yo he apadrinado a ninguno de sus hijos».
Pese a esta distanciada relación, el propio González Mata reconoció que fue el que, en 2008, le entregó personalmente a Antonio Fernández la póliza de la bodega González-Byass en la que el ex consejero aparecía como prejubilado. No llegó a firmar el documento, según afirmó el responsable de Uniter. El cobro de los más de 380.000 euros no se hizo efectivo por el estallido del caso de los ERE fraudulentos.
El eje de la intervención de González Mata pivotó, por una parte, sobre la defensa del cobro de comisiones, al circunscribirse a la relación privada de dos empresas (aseguradora y consultora); y, por otra, negó que las cantidades fueran abusivas.

En este sentido, esgrimió unos certificados de las aseguradoras Generali y Vidacaixa según las cuales la comisión media percibida ha sido del 7,80 por ciento, cuando en el mercado rondan el 11 por ciento. La comisión neta la redujo al «tres o cuatro por ciento de la prima».
La juez instructora del caso ha destacado en alguna ocasión que la labor de las consultoras era absolutamente prescindible. El reponsable de Uniter defendió que una de las tareas principales, y la más costosa con diferencia –«millonaria», deslizó–, fue la financiación de las asociaciones de ex trabajadores, a las que presta asesoramiento y apoyo logístico durante toda la vida de la póliza, lo que le lleva a tener oficinas y personal contratado en Jerez, Cádiz, Sevilla o Linares. Así, en el primer ERE en el que participó Uniter fue en Santana Motor. «Eran más de mil personas que practicamente tenían ocupadas las oficinas jiennenses de Banco Vitalicio». Pese a que fue la dirección general de Trabajo la que, inicialmente, «se comprometió» a aportar los fondos de las asociaciones, alegó que Uniter corrió con los gastos ejerciendo de una suerte de extintor laboral. En una ocasión –relató– lo llamó incluso Guerrero para que fuera a Cerro del Andévalo, ya que cuatro personas, tras cerrar el economato de las minas, se habían quedado sin trabajo. Habló con el propietario de la empresa, valoró la inclusión de las cuatro personas y, tras la gestión, los incluyó el ex director general en el expediente de regulación de empleo.

El modelo de las asociaciones de trabajadores fue un «calco» –argumentó– de lo que el Gobierno central «ideó en 1995 por los ex trabajadores de Galerías preciados». El ministro de Trabajo era el ahora presidente andaluz, José Antonio Griñán, que un año más tarde se la cedió a Javier Arenas.

Admitió, por otra parte, González Mata el pago de 100.000 euros a la empresa Andalucine, propiedad de una hermana de la ex delegada socialista de la Consejería de Medio Ambiente en Sevilla. En la contabililidad de Uniter aparece el cargo a nombre de «J. Guerrero». Fue precisamente el ex director general de Trabajo el que se encargó de mediar en la operación y Uniter deslizó dos talones de 75.000 y 25.000 euros de los que ayer aportó copia a la comisión.

Explicó que el modo habitual de interceder la empresa mediadora es a petición de los sindicatos. Sin embargo, en el caso de Calderinox, por el que le imputa la juez Alaya, fue la Administración la que le solicitó la configuración del expediente. En este ERE figura como intruso el ex delegado socialista Juan Rodríguez Cordobés. Quedó con él, previa llamada del ex director general Juan Márquez, también imputado, para que firmara la póliza.
Antonio Albarracín negó ser director general de Vitalia, la otra mediadora habitual que opera en los ERE financiados por la Junta, sino un simple «trabajador por cuenta ajena». Negó también que entregara en dos ocasiones sobres con dinero al ex chófer de Guerrero, Juan Francisco Trujillo, como éste declaró a la juez.

Aceptan rebajar la fianza a Guerrero
 

El juez de refuerzo con el que cuenta el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla para ayudar en su trabajo a la magistrada Mercedes Alaya, Iván Escalera, ha decidido rebajar de 250.000 a 150.000 euros la fianza impuesta al ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero. Gurrero está en prisión desde el pasado 10 de marzo por su implicación en el caso de los ERE. Se opone el juez, no obstante, a dejarlo en libertad sin fianza, aunque decide rebajar ésta a 150.000 euros, siguiendo de este modo el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que había aceptado reducir la fianza hasta dicha cantidad.