La Administración se incauta de 300 coches en 8 meses

MADRID- Decomisos de coches de conductores que infringen las normas de tráfico ya se han producido, pero no tantos como se preveían. La reforma del Código Penal en materia de seguridad vial, que preveía esta posibilidad, entró en vigor hace casi un año y la Fiscalía de Seguridad Vial preveía el decomiso de 2.000 vehículos, sólo en los primeros meses, haciendo un cálculo de presos multirreincidentes por delitos contra la seguridad vial.

Sin embargo, las cifras reales distan mucho de las previsiones iniciales. Sólo en los primeros meses de aplicación (de noviembre de 2010 a julio de 2011) el Ministerio Fiscal había solicitado el decomiso del coche para 342 conductores que infringieron las normas de tráfico, de los cuales 212 se habían acordado en sentencia y el resto, 129, de forma cautelar.

El 50% de los coches decomisados se produjeron entre automovilistas que habían tenido más de tres sentencias condenatorias en un año; en el 15% de los casos se trataba de conductores que iban embriagados al volante o excesos de velocidad graves, el 18% por homicidios y lesiones imprudentes y el 17% por conducción temeraria, según datos de la Fiscalía de Seguridad Vial.

La cuestión que se planteaba ante la «avalancha» de coches decomisados que se avecinaba con la reforma penal era dónde meterlos por la falta de infraestructura y de depósitos. Así que, al final, las fiscalías han acabado dictando órdenes más restrictivas a las Policías locales y a la Guardia Civil por las que quitar el coche a un infractor. Una de las primeras fue, precisamente, la que dictó el fiscal jefe de Las Palmas, en febrero pasado.
Infracciones muy graves

De esta manera, ahora el Ministerio Fiscal pide que se decomise el coche a aquellos que vayan con el coche bajo la influencia de las drogas, con excesos de velocidad de excepcional gravedad o bebidos, como conducir con una tasa cuatro veces superior al límite establecido. También ocurrirá en casos de multirreincidencia de delitos de seguridad vial (que cuente con más de tres sentencias condenatorias en un año), cuando se produzcan lesiones graves o muerte de alguna persona por infringir la normativa, y para los conductores «kamikazes», aunque en este último caso la medida ya estaba prevista en el artículo 381 del Código Penal.

Algunas asociaciones, como DVuelta, son reacios a la medida. «La Fiscalía confundió sus deseos con la realidad y fue más una acción de propaganda que una medida que pueda tener ni de lejos impacto en la seguridad vial. Quien decide un decomiso es un juez a fin de cuentas y hay un montón de circunstancias que hacen inviable el decomiso. De hecho, en Zaragoza el primer mes se retiraron 22 o 23 coches y todos ellos tuvieron que devolverse porque el juez así lo dictaminó. Más aún, en DVuelta no hemos llevado ni un procedimiento por decomiso y dudo que se haya producido alguno. Es una medida que no vale para nada, que trata de cerrar el círculo dialéctico de que el conductor es un criminal y el vehículo es su arma».

A pie de carretera, los agentes de tráfico de la Guardia Civil encuentran dificultades para aplicar la medida. «No se tiene acceso a la base de datos judicial, dada la escasa colaboración entre la autoridad judicial y los agentes de tráfico, lo que hace imposible conocer la reincidencia pretendida por los fiscales», explica un portavoz de la Unión de Guardias Civiles.

También hay problemas a la hora de intervenir el vehículo ya que «la realidad es que no existe lugar donde depositarlo con las suficientes garantías, por eso se utilizan talleres, cuando son retirados por accidentes de circulación, recintos de Policía Local (ya que los depósitos municipales están gestionados por empresas privadas) o, en último caso, acuartelamientos del cuerpo, aunque hay que tener en cuenta que actualmente está prohibido por la normativa interna de la Guardia Civil, por lo que el trabajo es bastante o casi imposible de realizar», añade el portavoz de la asociación mayoritaria en la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. Así, «lejos de facilitar la labor de los guardias civiles de tráfico, no resulta ninguna mejora, ya que nos encontramos con los mismos problemas de aplicación en la carretera, por eso pedimos medidas para aclarar y realizar de manera efectiva estas medidas en favor de la seguridad vial de todos», añade.

El alcohol, la asignatura pendiente
El delito de conducción bajo la influencia del alcohol es uno de los hechos delictivos que tiene mayor incidencia en la totalidad de los delitos contra la seguridad vial, ya que constituyen el 35% del total que se producen. El número de casos ha ido en aumento desde el año 2007, en que se abordó una reforma del Código Penal, que consideró como delito la simple superación de la tasa de alcohol establecida legalmente. A partir de entonces el incremento ha sido progresivo, a lo que hay que sumar una persecución más exigente por parte no sólo de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y de las correspondientes Policías autonómicas con competencia en la materia, sino también por el incremento en la persecución de estos delitos a nivel municipal, donde han aumentado los controles de alcoholemia, según la información de que dispone la Fiscalía de Seguridad Vial.