El Consell exige a Blanco prioridad para el Corredor Mediterráneo

El conseller de Infraestructuras, Mario Flores, desbrozó ayer esta tesis, que quedó plasmada en un informe aprobado en el pleno del Consell. Al hecho de que este documento no contemple plazos concretos, únicamente se recoge que la infraestructura en su totalidad debe estar finalizada en 2020, se añaden las intenciones del Ministerio de Fomento de solicitar a la Unión Europea que declare como prioritario no sólo el Corredor Mediterráneo, sino también la «Travesía central de los Pirineos y de la vertiente Atlántica, por el País Vasco».

Flores dijo que para que el Gobierno de España se asegure la financiación, debe apostar únicamente por una red, para que no sea tan complicado recibir unas ayudas, que como pronto, se materializarán a partir de 2013. En el citado documento, la Generalitat también pide que se licite de manera inmediata la línea de alta velocidad entre Valencia y Castellón, esencial para el desarrollo del Corredor Mediterráneo. La conexión con los puertos y las principales zonas de actividades logísticas es otro de los puntos claves de sus reivindicaciones. Estos enlaces deberán estar ejecutados antes de 2014.

Por otra parte, la portavoz del Gobierno valenciano, Paula Sánchez de León, durante la rueda de prensa del Consell, aprovechó para mandar un mensaje de «tranquilidad absoluta» respecto a la polémica de los impagos con los proveedores sanitarios. La consellera garantizó que la deuda no afectará a la «excelencia» de la prestación del servicio, ya que se trata de un «problema puntual» que se está resolviendo gracias a los acuerdos adoptados durante las reuniones con los afectados.

En cuanto a la retirada de la reclamación que interpuso el PP ante la Junta Electoral contra cuatro televisiones por las informaciones que emitieron sobre la inclusión de imputados en las listas electorales, Sánchez de León desmintió que fuera una orden desde la Dirección central del partido. «Fue una decisión propia, adoptada desde el sentido común, después de ver que se distorsionaba el objetivo de la queja», que era, según ella, «aclarar el aspecto jurídico sobre la utilización de determinados términos» y no actuar «contra la libertad de información».

Además, la portavoz lamentó las acusaciones del PSPV contra el vicepresidente tercero del Consell, Juan Cotino, sobre la aplicación de la ley de Dependencia y acusó a los socialistas de «pasar la raya del vale todo» y convertirse en los máximos responsables de «la falta de salud democrática de este país».