Malibú
Connery alega motivos de edad para no acudir al juzgado marbellí
El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella (Málaga) había citado a declarar este viernes como imputados al actor escocés Sean Connery y a su mujer en el denominado caso 'Goldfinger', en el que se investiga una operación inmobiliaria y la presunta participación en ella de sociedades que supuestamente estarían vinculadas al matrimonio.
El actor escocés Sean Connery y su esposa han alegado motivos de salud y problemas de la edad para no acudir a la cita que tenían hoy en un juzgado de Marbella (Málaga) para declarar en unas diligencias en las que están imputados por un caso de corrupción urbanística.
Fuentes judiciales han informado hoy de que el intérprete envió esta semana un fax al Juzgado de Instrucción número 1 marbellí, en el que asegura que está a disposición de la Justicia y que está al tanto de las actuaciones del órgano judicial.
Al no acudir a la comparecencia, se abre la posibilidad de que se libre una comisión rogatoria para continuar con la tramitación de esta causa, denominada "Goldfinger"en referencia a la película de 1964 en la que Connery hizo el papel del agente británico James Bond y que suma una veintena de imputados.
Medio centenar de periodistas aguardaban la posible llegada del actor ante el juez, que intenta dirimir si se han cometido delitos, entre ellos de blanqueo de capitales, tras la recalificación de una parcela de Marbella donde se ubicaba el chalé "Malibú"del actor y sobre la que se construyeron 72 apartamentos de lujo.
Una querella de 2006
Las diligencias en las que se ha citado a Connery y a su mujer tienen su origen en la investigación de varios convenios urbanísticos, después de que la Fiscalía Anticorrupción presentara en 2006 una querella al analizar el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre el Consistorio de Marbella.
Así, inicialmente se investigaban los convenios suscritos por el Ayuntamiento de Marbella, con Julián Muñoz como alcalde accidental, con la sociedad Malibú S.A. y con By the Sea, sobre los que se sustenta el complejo denominado Malibú. El Tribunal de Cuentas estimó un perjuicio para el Consistorio por estos convenios de 2,7 millones de euros.
Tras los informes emitidos por el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac), la Agencia Tributaria y la Sección de Blanqueo de la Policía Nacional, la investigación se amplió a varias operaciones en las que supuestamente habría intervenido un despacho de abogados de Marbella, que, según los investigadores, "representa los intereses económicos"del actor escocés y su mujer en Marbella.
En este sentido, en un informe de la Agencia Tributaria se señala que este bufete habría representado dichos intereses primero, durante los años 90, con relación al chalé de su propiedad --Malibú S.A.-- y "más adelante mediante la prestación de sus servicios a la promotora By the Sea". En esta segunda fase, añade el informe, la participación del matrimonio en dicha sociedad "queda velada por el entramado societario organizado".
"Debido a la pantalla interpuesta por el despacho, así como por la composición del accionariado, compuesto por sociedades radicadas en paraísos fiscales, hacen imposible conocer los beneficiarios últimos de la operación", dicen los investigadores, quienes añaden como hipótesis la posibilidad de que el bufete "actúe como verdadero factor de los Connery en el negocio de la promoción objeto de estudio".
La Agencia Tributaria cifró en 53 millones de euros los beneficios de la explotación de la promoción Malibú, con 72 apartamentos de lujo situados en primera línea de playa, en cuyo desarrollo hay "indicios suficientes que hacen pensar en la comisión de diversos ilícitos penales", algunos ya investigados con anterioridad y otros nuevos como cohecho, contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales, según el informe.
Una conclusión de los funcionarios de la AEAT y de la Sección de Blanqueo de la Policía Nacional es que "parte de los beneficios", incluyendo los importes de una posible defraudación que se investiga, "son transferidos al exterior", sobre todo a Reino Unido y Uruguay, siendo el total de "más de 37 millones de euros". Sobre el último país, se dice que está en la 'lista gris' de paraísos fiscales.
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