De las 530 mujeres «de alto riesgo» cuál será la víctima 54

Las negras estadísticas hacen presagiar que 2010 será más luctuoso que el año anterior y que el número de fallecimientos superará los 55. De momento, ya tenemos siete cadáveres más que en el mismo periodo de 2009.

Lo primero que cabe preguntarse es qué sucede. Por qué no logramos controlar este drama. Los últimos datos hechos públicos por el Ministerio de Igualdad el pasado 6 de octubre dejan claro que sólo 13 de las 53 víctimas habían denunciado previamente malos tratos y, de esas 13, una había retirado la denuncia. Once de estas mujeres solicitaron medidas de protección, aunque sólo 9 las obtuvieron. Son datos presentados por el delegado del Gobierno para la Violencia de Género, Miguel Lorente, que corresponden al Balance de la violencia de género en el primer semestre de 2010. Lorente afirmó, además, que estimaba que, en ese momento (hace dos meses), había unas 530 mujeres en riesgo alto o extremo. Pero los dispositivos de control de las medidas de alejamiento que estaban activos eran sólo 369.

Los dispositivos de control son uno de los elementos más polémicos en medio de esta trágica epidemia que es la violencia de género. «De todas las mujeres calificadas como de alto riesgo ¿cuántas tienen un dispositivo de control? ¿Cuál es el nivel de vigilancia?». Ésas son las preguntas que se hace Ángeles Álvarez, portavoz de la Fundación Mujeres. «¿Cuántas mujeres con dispositivo han muerto? Creo que ninguna. Si tenemos los medios, ¿por qué no los usamos?», continúa.

Vigilancia al no condenado
Más graves son las declaraciones de María José Fernández, abogada de Themis, la asociación de mujeres juristas, que ejerce en Castilla-La Mancha. Explicá cómo «un contrato administrativo está vulnerando una Ley Orgánica». Se refiere a la Ley de medidas de protección contra la violencia de género, de 2004, que establece que cuando la situación de una mujer maltratada se califica como de riesgo alto, o extremo, sea protegida a través de los dispositivos de protección, más conocidos como pulseras. Y la norma que, según Fernández, vulnera esta ley es un acuerdo firmado en agosto de 2009 por los ministerios de Justicia, Igualdad e Interior y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Este convenio se firmó cuando los responsables se dieron cuenta de que la ley establece que las mencionadas pulseras sean decretadas para los condenados y no para los imputados con medidas cautelares (de los que se sospecha su culpabilidad, aunque no han sido juzgados).

La intención era buena, pues se pretendía ampliar el ámbito de la vigilancia, pero finalmente, en el protocolo que redactan y que es al que hay que sujetarse para poder tener acceso a los mencionados dispositivos, se olvidan de lo más grave: de los condenados. De modo que «por ejemplo, el caso de una clienta mía, en el que se dictaminó que debía portar la pulsera, ésta se le ha negado porque el maltratador no tiene medidas cautelares. Este hombre, que fue condenado y por eso no se cumple el protocolo, saldrá de prisión dentro de unos meses y yo me pregunto: ¿qué puede hacer mi cliente, a la que un juez definió en situación de riesgo extremo?», se pregunta la jurista.

La mujer, que ha pasado años de miedo, temiendo por su vida y por sus hijos, le dice: «Haz todo lo que puedas, porque a partir del momento que salga en libertad puede pasar cualquier cosa». Sabe que su vida, a partir de ese momento, no tendrá ningún valor.

El agresor ha quebrantado su condena una y otra vez. En la última ocasión, afortunadamente, la Guardia Civil llegó a tiempo. Ella se había refugiado en el baño con los niños y él no había llegado a entrar. Pero su agresividad es tal, que rompió la mampara del coche policial.


Un millón de euros para reeducar a maltratadores
Como todos los ministerios, el de Bibiana Aído ha visto reducido su presupuesto de cara a 2011: un 8,83% menos. De los Presupuestos Generales del Estado (PGE) se desprenden algunos datos sorprendentes: por ejemplo, a pesar de que habrá menos dinero, hay una partida de gastos de un millón de euros para financiar un programa de reeducación de maltratadores. A programas de asistencia social para mujeres víctimas de violencia de género dedicarán poco más de 4 millones. La proporción parece, al menos, desequilibrada. Se ha presupuestado un gasto para 1.500 dispositivos electrónicos para el control telemático de las medidas de alejamiento impuestas a los agresores, mientras que para 2010 se presupuesta-ron 3.000. En cuanto a proyectos de apoyo y creación de centros de asistencia social integral, de los 3 de 2010 pasan a uno.