Privilegios por José María Marco

Cristóbal Montoro ha dejado bien claro estos días en el Congreso que el Estado español, tal como está concebido ahora mismo, no puede ni siquiera pagar las nóminas de sus empleados. Hay que agradecer al ministro su sinceridad, aunque uno de los remedios a los que ha acudido el Gobierno, que es el de subir los impuestos (por muy «progresivamente» que sea), cuadra mal con la voluntad del Gobierno de animar la economía española.

Efectivamente, una forma de interpretar las declaraciones de Cristóbal Montoro en el Congreso es que el Gobierno da prioridad al mantenimiento del Estado en su actual situación, y que esa prioridad es lo que lleva a seguir presionando a una economía exhausta, en proceso de ajuste desde el año 2007. Se diría, en otras palabras, que al menos una parte del actual ajuste, en particular las subidas de impuestos, va destinado a seguir pagando los gastos de un Estado absurdamente sobredimensionado.

El argumento coloca al Gobierno en una situación ambigua. Por una parte, lo aleja de los trabajadores, los autónomos y los empresarios, que no pueden dejar de percibir que la mayor parte del ajuste se está haciendo sobre ellos, mientras que los gobiernos no reducen el gasto en una parte mínimamente comparable. Ahí siguen las televisiones y las radios públicas, los caprichos «culturales», los servicios públicos fastuosos, los 17 Estados con sus 17 gobiernos y sus 17 parlamentos, sus decenas de consejeros, viceconsejeros, jefes de gabinete, etc., etc., etc. A sufragar todo eso van las subidas de impuestos… Eso es lo que piensa cualquier contribuyente y cualquier autónomo o empresario que ha visto cómo se le ha subido el IRPF y ahora el IVA, tal vez arruinándole su medio de vida.

Por otro lado, esta posición parece presuponer una cierta comprensión para con los empleados públicos a los que está llegando el ajuste en forma de reducción de salario o aumento de algunas (pocas) horas de trabajo. Se entiende, claro está, que el Gobierno no desee enfrentarse a los empleados públicos, una fuerza temible por su número y porque tiene poco que perder: no se juegan nada con sus amagos de protesta a la hora del café, impensables en una empresa privada. Aun así, el Gobierno debería tener claro que los que protestan desde que llegó al poder el Partido Popular lo hacen por razones puramente políticas. También lo hacen para defender sus privilegios, privilegios de los que no goza el resto de los españoles y que van desde el puesto de trabajo garantizado de por vida hasta el no tener que rendir cuentas de cómo se gasta el dinero público, ese fuero medieval del que disfrutan los sindicatos en nuestro país. Ni la deuda ni los impuestos pueden servir para seguir pagando privilegios.