Impuesto obsoleto y confiscatorio

El impuesto de Patrimonio fue creado a finales de los años 70 con carácter transitorio, como instrumento de control y no recaudatorio. Sin embargo, ha estado vigente hasta 2008, año en que, sin eliminar la ley, se bonificó el 100% de su cuota y se suprimió la obligación de declaración. Era un impuesto, como casi todos entonces, que contemplaba tipos muy altos y bases bajas de valoración. El tipo subía al 2,5%, pero se valoraban los inmuebles a unos valores catastrales muy inferiores a la realidad, siempre que no hubiese otro valor comprobado. Un hecho de enorme importancia es que, en aquel momento, la remuneración de los depósitos bancarios llegaba al 18%, por lo que pagar un 2,5% a la recaudación no era grave. Sin embargo, las rentabilidades monetarias y las valoraciones catastrales han cambiado sustancialmente. Las primeras se encuentran en el entorno del 3% y las segundas han sido actualizadas en muchas ciudades del país, con lo que las bases del impuestos han quedado totalmente trasnochadas.
Estamos, además, ante un impuesto doble, puesto que grava la parte de rentas del contribuyente que ya tributaron por IRPF pero que éste prefirió ahorrar en vez de gastar. ¡Bonita forma de potenciar el ahorro! El impuesto fue cedido a las comunidades, quienes establecieron sus propias exenciones e incluso lo eliminaron antes que el Gobierno decidiese hacer lo propio, tras llevarlo en su programa electoral por considerar que era un impuesto obsoleto, injusto y que gravaba fundamentalmente a las clases medias. ¿Por qué ha dejado de serlo? ¿por qué recuperarlo si sólo recaudará 1400 euros?
Se habla de hacer que pague más quien más tiene y se compara con Francia, Italia o EE UU, donde los ricos han «pedido» pagar más impuestos. Esto ya se ha producido en España. Hace unos meses se gravaron con alzas de hasta un 3% los ingresos que superasen, dependiendo de las comunidades, los 60.000 o 100.000 euros. En los citados países la contribución adicional se ha realizado para rentas superiores al medio millón de euros. Los «ricos» de estos países se han declarado dispuestos a pagar un 3% más de sus ingresos, pero en contra de un impuesto al patrimonio. Es lógico: una cosa es pagar un 2 o 3% más por lo que se gana y otra por lo que se tiene, aunque el patrimonio no sea productivo.
Para aclarar el absurdo que supondría reimplantar el impuesto con sus últimas bases y tipos veamos un ejemplo. Imaginemos un profesional cualificado que, tras cuarenta años en puestos de dirección, ha logrado poseer una vivienda en Madrid, que compró por 12 millones de pesetas en los años 70 y una segunda en la sierra que le costó siete. Además, ha reunido un patrimonio de un millón de euros entre depósitos, acciones y planes de pensiones liquidados. Imaginemos que se ha jubilado, con lo que le queda la pensión máxima en vigor de 2.200 euros al mes y espera vivir de ella y de los intereses del capital ahorrado. Supongamos también que dentro de este patrimonio ahorrado de un millón hay 300.000 euros en acciones y una parte en depósitos de 500.000, de la que tiene invertido la mitad en bancos al 3% y la otra mitad en deuda del Estado al 5% en solidaridad con la situación. Sus rendimientos anuales serán de 20.000 euros y pagará un 21% de IRPF, con lo que le quedarán 15.800 euros. La reciente revisión catastral ha elevado el valor de su vivienda madrileña de 200m2 a 500.000 euros y a 300.000 la de la sierra. Si aplicamos las tarifas del impuesto de Patrimonio correspondientes a 2007, el último año de su vigencia, habría de tributar 11.133 euros. El impuesto de patrimonio se llevaría casi todos sus rendimientos de capital, quedándole para vivir casi exclusivamente la pensión y sin siquiera poder compensar la pérdida de valor de sus ahorros a causa de la inflación. ¿Estamos ante ese rico del que se habla?
Tampoco se justifica la reimplantación por decreto ley como «medida de urgencia extraordinaria», ya que no podría aplicarse hasta 2012 y la recaudación se produciría a partir de 2013. La constitucionalidad del decreto ley estaría en entredicho. De otro lado ha sido eliminado en muchas comunidades, como Madrid, que recauda el 40% del impuesto de patrimonio total español. El Estado podría obligarlas a cobrar un mínimo, pero tendría que modificar su ley de financiación, inviable en lo que queda de legislatura. ¿Es razonable que un partido lleve en su programa la supresión de un impuesto, lo ejecute y, en la misma legislatura, lo reintroduzca? ¿No crea desconfianza en los mercados? Rubalcaba plantea el establecimiento de un nuevo impuesto a los ricos. ¿Qué haría si se reintroduce Patrimonio y llegase a gobernar? ¿Volverlo a eliminar para implantar el nuevo?
Sólo cabe contemplar la recuperación de un impuesto obsoleto, injusto y confiscatorio que perjudica fundamentalmente a las clases medias como arma política, un tanto demagógica, del PSOE para introducir un debate absurdo entre ricos y pobres, para poner contra las cuerdas a las comunidades del PP que lo suprimieron frente a un PSOE que hace pagar más a los «ricos».