UGT se marcha de la Mesa de la Función Pública para no ser cómplice del ajuste recortes

Valladolid- Mal empiezan las negociaciones entre el Gobierno regional y los sindicatos en la denminada Mesa de la Función Pública, para encarar los ajustes aprobados y que afectan a los 87.000 empleados públicos de la Comunidad. A los que se les ha congelado el sueldo y además deberán trabajar hasta 37 horas media semanales, lo que supone dos horas y media más por semana. El sindicato UGT dio la espantada y se marchó de la reunión de esta Mesa que se celebró ayer en la sede de la Consejería de Hacienda, en Valladolid, «para no ser cómplices de los recortes aprobados», afirman desde este sindicato. El sindicato argumenta que la reunión era «extemporánea», y que se ha hecho caso omiso del proceso legal de negociación. «Se ha obviado la interlocución con los representantes de los trabajadores y se han impuesto unilateralmente unas medidas», denuncia UGT, tras cargar también contra lo que consideran una imposición, «ya que no dejan margen alguno para la negociación». «UGT -continúan- no será cómplice ni dará cobertura a unos recortes que atentan directamente contra los derechos de los trabajadores». Para el sindicato estas medidas supondrán el despido de interinos, el aumento del desempleo, incremento de la precariedad laboral, menor calidad de los servicios y mayor carga de trabajo.

Menos poder adquisitivo
Al respecto, El sindicato de enfermería de Castilla y León, Satse, rechaza «la imposición» del aumento de jornada laboral y asegura que las medidas propuestas por la Junta de Castilla y León, «sí suponen recortes en las condiciones retributivas y laborales de los empleados públicos». Además, el colectivo explica que las enfermeras han perdido un 18 por ciento de poder adquisitivo en los tres últimos años. Asimismo, la organización rechazó que el incremento de 30 minutos diarios en la jornada laboral apenas tenga repercusión.
Para el colectivo de Enfermería en nuestra Comunidad, aumentar en 2,5 horas semanales la jornada laboral supondrá menores contrataciones y, por ende, aumentará el desempleo. Además, exige a la Junta que antes de nada establezca medidas estructurales sobre la propia administración, como la reducción de fundaciones y otros organismos.