25-M la reválida del cambio por Carmen Gurruchaga

España se juega en las elecciones andaluzas algo más que el hecho de quién gobierne o no en una comunidad autónoma; se juega el futuro del país. Andalucía es la región más extensa de España, la que tiene un mayor número de habitantes y la que, sin embargo, muestra el menor índice de desarrollo y crecimiento junto con Extremadura y Castilla-La Mancha, las tres comunidades gobernadas históricamente por el PSOE. Desafortunadamente, ostenta las cifras más altas de desempleo así como de fracaso escolar. Es decir, en 30 años de autonomía, con continuos gobiernos del PSOE, un turismo en constante crecimiento, ayudas permanentes del Gobierno de Madrid y fondos de cohesión de la UE, ha sido incapaz de emprender el vuelo para equipararse a otras regiones españolas. El régimen socialista se ha revelado como un presunto nido de corruptos en el que, en lugar de utilizar el dinero público para que la comunidad autónoma ascendiera en el ranking, se ha usado para favorecer a amigos, familiares y correligionarios en un auténtico espectáculo de arbitrariedad y nepotismo. Para poner freno a estos dispendios, resulta fundamental un cambio que sanee los fondos de reptiles saque a la luz las facturas escondidas en los cajones y no contabilizadas y un sinfín de presuntas irregularidades, corrupciones y corruptelas que la jueza Alaya está investigando.

Otro aspecto fundamental que traería consigo el cambio de régimen radicaría en la ratificación de la reforma laboral aprobada por el Gobierno y que está siendo tramitada como proyecto de ley. Si Javier Arenas resulta elegido presidente de la Junta, Andalucía caminará de la mano del resto de España, en la misma dirección y con los mismos objetivos; lo que, sin duda, supone una oportunidad para los habitantes de esa comunidad. Porque lo que preocupa en este momento a los ciudadanos de Andalucía no es la ley del aborto, ni supuestas desigualdades de género, ni previsibles recortes en determinadas prestaciones que la izquierda está utilizando para desviar la atención de los problemas reales, sino conseguir que baje la cifra de paro y que los jóvenes tengan las mismas oportunidades que los de otras comunidades autónomas. Y está claro que con el PSOE no se ha conseguido. Por eso el discurso de PSOE e IU en esta campaña huye de los problemas que agobian a los andaluces e intenta introducir en la agenda electoral cuestiones colaterales. Saben que el PP ganará el 25 de marzo, pero tienen claro que deberá hacerlo por mayoría absoluta ya que, en caso contrario, se juntarán IU y el PSOE para mantener ese poder totalitario en el que quien no está con ellos no tiene ninguna oportunidad.

Faltan a la verdad cuando hablan de las consecuencias de la reforma laboral para un colectivo muy numeroso como es el de las mujeres porque, según dicen, les acarreará problemas con contratos precarios y sin posibilidad de conciliar, en los que el empresario tiene derecho a decidir sobre los horarios o las vacaciones. Y la pregunta es: ¿quién le ha dicho a IU que estos contratos están pensados para las mujeres? ¿Por qué han de conciliar las mujeres y no los hombres? ¿Dónde está escrito que las personas despedidas o explotadas en un futuro serán las mujeres? Si realmente creyeran en la igualdad, sentirían que esas supuestas futuras situaciones injustas las padecerán por igual ambos sexos, pero ellos son los primeros en postergar a la mujer. Y no hay más que ver los órganos de dirección de su partido y de CCOO, su sindicato amigo. Los votantes andaluces deben tener claro el día 25 que se equivocarán si eligen a IU porque aborrecen al PSOE, pero quieren seguir votando izquierdas, pues el apoyo a la coalición de izquierdas servirá para mantener a Griñán en la Junta y para que IU toque poder. Pero no para que desaparezcan los nidos de corrupción y se use correctamente el dinero público.

LA LUPA
El «fraude de los ERE» asciende a 700 millones de euros
El secretario del PP en Andalucía, Antonio Sanz, pidió ayer explicaciones al actual presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, por la «cifra de la vergüenza», es decir, los 700 millones de euros que se han originado del «escándalo» de los ERE. Sanz quiere explicaciones sobre un primer cálculo que realizó la Junta y que elevaba éstos en sólo 9 millones de euros.