«Los funcionarios le han perdido el miedo a criticar las políticas del PSOE»

Sevilla- Los funcionarios de la Junta de Andalucía están protagonizando un movimiento contestatario sin precedentes a raíz de la aprobación del decreto-ley de reordenación del sector público. Una corriente que demuestra que los empleados públicos «le han perdido el miedo a criticar las malas políticas socialistas», tal y como apuntó ayer el coordinador del área económica del PP-A, Rafael Carmona.
Para el dirigente popular, la «única solución» al conflicto es la «derogación» de un documento que cuenta con el aval de CC OO y UGT, al margen de otras centrales y plataformas que aglutinan a gran parte de trabajadores de la Administración autonómica. Por ello, Carmona instó ayer al Gobierno andaluz a «retomar» las negociaciones con «todos los representantes de los funcionarios» y «no sólo con el sindicato amigo», en referencia a UGT. En este sentido, aseguró que «ya está bien de que se utilice sólo a esta central para escenificar acuerdos». «Todos sabemos que los militantes del PSOE tienen el carné de la UGT, pero es que esto ha sido así siempre», señaló Carmona, quien lamentó igualmente que se estén «escenificando acuerdos de ellos con ellos».
A su juicio, el polémico decreto ha sido aprobado «sin hablarlo con nadie». Un procedimiento que demuestra que el Ejecutivo de Griñán «está acostumbrado a hacer lo que quiere sin obtener respuesta contraria».

Aportaciones al texto
Sobre la posibilidad de que los partidos con representación parlamentaria sean convocados para que realicen sus aportaciones al texto –la reordenación será efectiva el próximo 1 de enero–, Carmona dudó de la validez de este extremo porque «quien tiene que impulsar la negociación es el Gobierno andaluz, junto a los sindicatos de los trabajadores, no sólo con los compañeros». No obstante, aclaró que el PP se encuentra «preparado para el cambio» y dispuesto a «escuchar» a las plataformas que no han podido negociar el documento.

UGT denunciará las «amenazas y extorsiones»
El secretario general de UGT-A, Manuel Pastrana, anunció ayer que el sindicato acudirá a los tribunales para denunciar las «amenazas y extorsiones» que están sufriendo algunos afiliados por parte de «pseudosindicatos» de función pública que están en contra del decreto. Unas «coacciones» contra la que también responderá «sindicalmente en los mismos términos». Pastrana apuntó que representantes sindicales de UGT y CC OO en la Junta «están viendo cómo les pinchan las ruedas de sus coches o los echan a empujones de una asamblea de trabajadores, están siendo amenazados, presionados y extorsionados», por lo que advirtió de que el sindicato «no va a admitir más presión por parte de grupos violentos, ultras, agresivos, de ‘pseudosindicatos' corporativos y que han roto todas las normas de respeto entre compañeros de trabajo». Por ello, advirtió de que «cualquier organización sindical o ‘pseudosindicato' que vuelva a convocar manifestaciones ante la sede de UGT para intentar alterar la libertad de acción tendrá el mismo nivel de respuesta en su propia sede por nuestra parte».