El Gobierno ha mantenido reuniones con el TC sobre el futuro de Bildu

MADRID- Destacados representantes del Gabinete de Zapatero han analizado con miembros del Tribunal Constitucional el futuro de Bildu, según confirmaron a LA RAZÓN fuentes gubernamentales. Estas conversaciones no sólo se han producido antes y después de la decisión del Gobierno de pedir al Supremo la anulación en bloque de todas sus candidaturas, sino también antes y después del fallo de la Sala del 61, que tumbó la totalidad de las listas de la coalición este domingo con el voto de nueve magistrados a favor de las tesis del Ejecutivo y de la Fiscalía General del Estado y seis en contra de las mismas.

Además, estos contactos entre el Ejecutivo y miembros del Alto Tribunal no sólo han tenido como eje central de los mismos el devenir judicial que le espera a esta coalición integrada por Eusko Alkartasuna, Alternatiba e Independientes, sino que también pivotaron en su día sobre la suerte que correrá Sortu, una vez concluya definitivamente su periplo judicial.

El jefe del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, recibió en La Moncloa al flamante presidente del Tribunal Constitucional, el felipista Pascual Sala, el pasado 9 de marzo, seis días después de que el Ejecutivo presentara en el Supremo su demanda contra Sortu.

En aquella ocasión, el encuentro fue meramente protocolario, después de su toma de posesión al frente del Constitucional el pasado 24 de enero en sustitución de María Emilia Casas. Pascual Sala, de corte progresista, asumió las riendas del Tribunal Supremo de 1990 hasta 1996, a caballo entre las dos últimas legislaturas de Felipe González.

Ahora, quince años después, bajo su presidencia, el Constitucional deberá decidir el futuro de Bildu. El Ejecutivo central confía en que permita a esta coalición concurrir a las elecciones municipales y forales del próximo 22 de mayo. Una resolución favorable a los intereses de Bildu permitiría a Zapatero reconducir su relación con el PNV y cumplir la hoja de ruta sobre el fin de ETA y la reinserción democrática de la izquierda abertzale, que en otoño pasado pactó, con un apretón de manos, con el presidente de los nacionalistas vascos, Iñigo Urkullu, en una cena en La Moncloa.

Para ello, fuentes gubernamentales esperan que el Alto Tribunal haga bandera del voto particular de la Sala del 61. Éste advierte de que «impedir a un partido (o federaciones o coalición de partidos o agrupaciones de electores) presentarse a unas elecciones no perjudica únicamente a ese partido o a los miembros del mismo que pretendan presentarse como candidatos en sus listas (derecho de sufragio pasivo), sino a aquel sector del electorado que, ejerciendo su derecho de sufragio activo, desearían votar a esa opción ideológica o partidaria».

«Y perjudica también al conjunto de la sociedad, en cuanto se cercena la expresión del pluralismo político y la correcta manifestación de la voluntad popular, a que se refiere el artículo 6 de nuestra Constitución. Ese impedimento constituye una ilegalización transitoria (que, en principio, durará cuatro años), razón por la cual el artículo 44.4 de la LOREG exige para ello los mismos requisitos que el artículo 12.3 de la LOPP exige para la ilegalización permanente», concluyen los seis magistrados de la Sala del 61 partidarios de que Bildu vuelva a las instituciones democráticas el próximo 22 de mayo.