El Gobierno estudia gravar con más tasas servicios no esenciales

MADRID- El ajuste de esos 55.000 millones de euros que implica pasar de un déficit del 8,5 por ciento al 3 por ciento exige medidas adicionales de amplio espectro y una revisión estructural del gasto público que se concretará por etapas. Una primera, en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que el Gobierno presentará a finales de marzo; y una segunda, después de las elecciones andaluzas, con una negociación multidisciplinar entre todas las comunidades autónomas –ya, con discreción, en marcha, por ejemplo entre el Ministerio de Sanidad y los consejeros autonómicos del área–. Este pacto autonómico conllevará una Conferencia de Presidentes para escenificar el reparto del coste político.

De cara a los Presupuestos, la «poda» en los Ministerios no tendrá precedentes en el capítulo de inversiones, de bienes y gasto corriente o en el de transferencias y subvenciones. Pero con eso no basta. Con una caída de la economía del 1,8 por ciento –según la estimación inicial del Gobierno–, el esfuerzo fiscal en términos estructurales que exige ajustarse al déficit impuesto por Bruselas obliga a un «esfuerzo prácticamente inabarcable» en una etapa recesiva como la actual, según fuentes del Gobierno.

En el Ejecutivo descartan, a día de hoy, que ese «esfuerzo prácticamente inabarcable» afecte al sueldo de los funcionarios, lo que no quita para que sí reconozcan que se están estudiando «nuevas actuaciones» para optimizar los recursos y la eficiencia de los empleados públicos, que se sumarán a la decisión de congelar la tasa de reposición. Por ejemplo, están revisando el sistema de bajas o las jubilaciones, no para recortar recursos por esa vía, sino, al contrario, para optimizar jornadas y la vida laboral de aquellos que así quieran hacerlo.

El debate está en el lado de los ingresos, pero también en el de ahorrar en la prestación de los servicios públicos. A día de hoy, el Gobierno descarta tocar los «grandes impuestos», entre los que está el IVA, pero también los «impuestos especiales». Dicen que subir en estos últimos los tipos de gravamen tampoco garantizaría un aumento de la recaudación, cuando, de hecho, en este arranque de año los ingresos por este concepto están cayendo notablemente. Según la Agencia Tributaria, casi un 8 por ciento en enero. Hay distintas opciones encima de la mesa, entre ellas la de mover ficha en lo que las fuentes consultadas llaman «pequeños impuestos».

Cordón de silencio
¿Qué hay detrás? Pues la idea de actuar en tasas y en la fiscalización de servicios públicos no esenciales –se está estudiando qué hacer con el factor de la renta–. En el Gobierno hay una férreo cordón de silencio sobre las medidas en las que trabajan, pero por poner letra a esta música cabe señalar, como ejemplos, las tasas aeroportuarias, tasas por vacunas, tasa por el uso de polideportivos... No es que haya decisión firme de incrementar la presión por estos conceptos, pero sirven para hacer más comprensible la teoría que están valorando en el Ejecutivo. Este cargo extra en «impuestos pequeños» no supone un vuelco en la recaudación, pero sí puede sumar en el lado del ahorro por lo que tiene de medida disuasoria en el uso de determinados servicios y prestaciones. Por supuesto, en el centro del debate está el futuro de la Sanidad –por el lado del copago y, también, en el del gasto farmacéutico y la revisión de las medicinas que cubre la Seguridad Social. En esto trabaja ya la ministra Ana Pastor y los consejeros autonómicos. Después de marzo se extenderán las reformas a la Justicia gratuita, a la revisión de la legislación básica en Educación o al catálogo de prestaciones sanitarias.
El presidente admitió expresamente que ajustarse a las exigencias de déficit impuestas por Bruselas afectará sí o sí al crecimiento económico. Realismo, mayor que el de otros ministros, apoyado en la crítica más corrosiva a la gestión de Zapatero y sus erróneas previsiones.

El cambio de última hora en el objetivo de déficit impuesto por el Eurogrupo para este ejercicio, del 8,5 por ciento anunciado al 5,3 por ciento –que obligó al Gobierno en la noche del lunes a revisar su posición antes del debate parlamentario del martes–, es un movimiento en aras del «consenso» con los socios europeos, según explicó Rajoy. De su discurso destaca también el anuncio de que el ajuste extraordinario de 5.000 millones, que exige ese 5,3 por ciento, pesará este año en las arcas del Estado, pero también le tocará a las comunidades, que el año que viene tendrán que hacer un mayor esfuerzo.

Poda a las empresas públicas
Por fin, los ministerios han terminado de hacer su revisión del entramado empresarial público dependiente de ellos y el Consejo de Ministros aprobará el viernes un plan de reducción de empresas públicas, fundaciones y entes autónomos. El recorte podría rondar el 20 por ciento. Tendrá su continuidad en comunidades autónomas.