La economía española corre el riesgo de «enquistarse»

MADRID- Ofrecer respuestas para salir de la crisis. Ése fue el objetivo con el que el pasado martes se reunieron catedráticos, economistas, profesores universitarios y periodistas en el marco de la mesa redonda organizada por LA RAZÓN para aportar soluciones y nuevos puntos de vista para dejar atrás la pésima situación económica de España.
Pesimismo generalizado

Todos los expertos que participaron en el debate, moderado por el columnista de LA RAZÓN y director de «La Atalaya» de la Cope, César Lumbreras, coincidieron en las dudas que suscita la actuación, o mejor dicho, la «inactuación» del actual Ejecutivo, así como su capacidad para tomar las decisiones y las medidas acertadas que saquen a nuestro país de la senda negativa por la que camina en los últimos años. La falta de credibilidad del Gobierno en sus planteamientos, unida al descrédito internacional que sigue a las medidas tomadas, hace aún más necesario un debate constructivo en el que, ideologías aparte, se aporten soluciones reales a los problemas de los que adolece la economía española. En este sentido, Carlos Rodríguez-Braun, catedrático de Historia del Pensamiento en la Universidad Complutense de Madrid y columnista habitual de LA RAZÓN, destacó la extraordinaria profundidad de la crisis actual, sin parangón a no ser que nos remontemos a la Guerra Civil y afirmó no recordar ningún año peor que 2009 desde hace casi siete décadas. A este respecto, hizo hincapié en la responsabilidad de los bancos centrales en la recesión, alimentando la burbuja del crédito privado durante los últimos quince años, burbuja que ha sido ahora sustituida por otra de deuda pública.

Por su parte, el director del Máster en Dirección Financiera de ESIC, Juan Pérez-Carballo, propuso once medidas estructurales concretas para la mejora del sistema económico, entre las que destaca con especial importancia su solicitud para bajar los impuestos pero, eso sí, exigiendo paralelamente la erradicación del «impresionante» fraude fiscal que existe en España y que representa un 23% de nuestro Producto Interior Bruto (PIB). A esta propuesta añadió otras como la prohibición de operar en paraísos fiscales, el aumento de la productividad o una mayor exigencia a los reguladores y supervisores financieros.

El magistrado del Tribunal Supremo, Enrique López, analizó la influencia del marco legal en los sistemas económicos y advirtió que «una economía basada en la seguridad jurídica posee más anticuerpos para superar las crisis». Respecto a los males del sistema judicial español, señaló la lentitud y la falta de previsibilidad como dos armas letales contra la economía y apostó reducir drásticamente el número de asuntos judiciales –actualmente son diez millones al año– a la mitad, así como establecer un sistema racional que evite el abuso que, a su juicio, se está produciendo de la gratuidad del sistema.

El director de LA RAZÓN, Francisco Marhuenda, señaló la «mediocridad» del actual equipo económico del Ejecutivo, al que calificó como «el más desastroso desde la época de Godoy». Respecto a las medidas a tomar, Marhuenda apuntó la reforma del sistema autonómico como la gran reforma pendiente de España. «Se ha querido duplicar el modelo del Estado y eso ha generado grandes agujeros económicos», añadió.

En el mismo sentido se pronunció Jaime García-Legaz Ponce, secretario general de la Fundación FAES y diputado del Partido Popular, para quien España corre el riesgo de «enquistarse en una crisis a la japonesa» con un crecimiento raquítico del PIB y altas tasas de paro durante la próxima década si no acomete con urgencia reformas estructurales. El diputado pidió un «drástico» recorte del gasto público y añadió que, si bien la situación de España no es tan mala como la de Grecia, «tampoco somos Irlanda y seguimos pidiendo prestado un 5% de nuestro PIB para mantener nuestro actual nivel de gasto.

El Jefe de Redacción de Economía de LA RAZÓN, Xavier Prats, buscó un aspecto positivo y resaltó, ante la grave crisis que padecemos, la labor de las empresas y los trabajadores que «sí han hecho los deberes», frente a las carencias del actual Ejecutivo.