Paz piedad perdón

Entre las banderas que la izquierda radical enarbola como seña de identidad y aglutinadora de emociones figura de manera destacada la de la Guerra Civil. No se trata de una mera evocación nostálgica, de una reivindicación ideológica o de una revisión histórica, actitudes todas ellas perfectamente legítimas y sobre las que nada habría que objetar. Lo censurable de esta mirada hacia atrás con ira es que se nutre de un odio revanchista como no había existido en estos treinta años de democracia, de un bronco deseo de ajustar cuentas y de un cainismo «guerracivilista» que la Transición democrática ya había superado con un gran esfuerzo de generosidad y reconciliación. Montajes ideológicos como el de Garzón a propósito de las fosas de Lorca y de otros asesinados durante la contienda o el vídeo publicado días atrás por varios artistas en el que dramatizan determinados casos y desprecian la Ley de Aministía de 1977 son dos ejemplos claros de esa corriente vindicativa. Pero el origen de todo ello ha sido la llamada Ley de Memoria Histórica que ha promulgado el Gobierno socialista con muy poca fortuna, escasa eficacia y ningún sentido de Estado. Nadie en sus cabales puede oponerse a que los descendientes de las víctimas de la Guerra Civil rescaten los restos de sus familiares para darles digna sepultura. Sorprende que no se haya hecho mucho antes y que los poderes públicos no hayan ayudado a las familias en este doloroso trance. Desde estas mismas páginas hemos criticado la citada ley precisamente porque no prestaba el apoyo necesario a quienes deseaban cerrar sus dolorosas heridas. Pero una cosa es restituir la dignidad de las víctimas y otra bien diferente desenterrar a los muertos para arrojarlos al bando contrario. Una cosa es reverdecer la memoria de los inocentes y otra bien distinta sacar tajada política de aquel sufrimiento 70 años después. La izquierda radical es muy libre de identificarse con aquella izquierda republicana de checa y paredón que asesinó a decenas de miles de inocentes, pero no tiene ninguna autoridad moral para identificar a la derecha democrática de hoy con los asesinos de Lorca y de las decenas de miles de víctimas igualmente inocentes. Lo más inquietante, sin embargo, no es el ruido que hacen estos nostálgicos de la trinchera, sino las complicidades con las que cuentan, entre ellas la del Gobierno y la de ciertos sectores del PSOE. Nada bueno para la convivencia puede salir de este baile de muertos, que la inmensa mayoría de los españoles ya dieron por cerrado tras la muerte de Franco en uno de los capítulos más ejemplares y modélicos de la historia de la nación. Si algún cabo quedó suelto entonces fue el de enterrar con dignidad a los muertos arrumbados en las cunetas del miedo y rendir homenaje a todas las víctimas, fueran del bando que fueran. Los muertos, todos los muertos inocentes, no tienen más dueño ideológico que el de la paz, la piedad y el perdón, como anticipó Azaña. Todos merecen el homenaje de la España democrática que se ha levantado sobre la memoria de sus huesos y de sus sufrimientos. No, los muertos no son ningún problema para los españoles de hoy: lo son algunos vivos que han puesto en almoneda los despojos del pasado.