Ajustar para crecer por Gabriel Elorriaga Pisarik

El tamaño de las administraciones públicas españolas ahoga al país. La crisis económica hace necesario un cambio en todos los comportamientos de gasto y en las pautas de inversión. Tanto las familias como las empresas lo están realizando ya, con gran esfuerzo; pero el sector público sigue rezagado. Las administraciones no han realizado aún una redefinición de su estructura, ni han adecuado sus niveles de actividad a la nueva situación. Esta realidad salta a la vista, pero parece que nos cuesta sacar algunas consecuencias lógicas.

El funcionamiento eficiente de todas nuestras instituciones públicas es el punto de partida de cualquier estrategia de crecimiento económico. Unas administraciones austeras y centradas en sus funciones propias, con estándares de cobertura y calidad de servicios acordes con la capacidad económica de la sociedad en la que vivimos, son imprescindibles para salir de la crisis. Cuando millones de españoles han perdido su empleo y la inmensa mayoría ha visto ya significativamente afectada su situación económica, las administraciones públicas deben ser capaces de contener drásticamente su gasto y, de esta manera, dejar en manos de la sociedad los recursos que hagan posible retomar la iniciativa y establecer nuevos cauces para la creación de riqueza.

En España, las administraciones, sus presupuestos, sus empleados, sus tareas y, por supuesto, sus dirigentes políticos han crecido mucho más allá de lo que nos podemos permitir. Todavía son muchos los que, ante cualquier propuesta reformista, se atrincheran en posiciones inmovilistas, se asustan ante la magnitud de los cambios necesarios, se acobardan ante las resistencias que cualquier proceso de ajuste plantea. Pero éste no es tiempo para la indecisión.

La Administración local española es relativamente pequeña. Con funciones limitadas y una financiación escasa, su tamaño está entre los menores de los países que integramos la Unión Europea. Pero su pequeña dimensión en modo alguno avala su eficiencia. Más de 8.000 municipios o más de 1.000 mancomunidades son demasiados. Las decenas de miles de puestos políticos vinculados a ellas, electivos o designados, son a todas luces excesivos. Es posible y deseable promover un cambio que, sin merma de la adecuada representación de los electores, permita dotar a estas administraciones de la dimensión adecuada para gestionar los servicios que tienen encomendados, con eficacia y eficiencia. Más de 7.700 municipios con menos de 20.000 vecinos son muchos para España; en Dinamarca, tras la reforma municipal que se puso en funcionamiento en 2007, no hay ninguno.

El Gobierno popular está empeñado en hacer de la actuación del sector público un referente de buena gestión de modo que, al tiempo que se garantizan los servicios esenciales, las administraciones sean un elemento crucial en la mejora de la competitividad nacional. Para eso hay que sumar a la inexcusable austeridad rigurosos sistemas de evaluación de políticas y de resultados, así como mucha más transparencia en el uso de los recursos de todos. Son muchas las tareas, acuciantes los plazos e inmensas las dificultades, pero la ambición reformista ya demostrada en otras reformas se verá de nuevo reflejada en los próximos pasos que no se harán esperar.

Gabriel Elorriaga Pisarik
Presidente de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas del Congreso