El fiscal pide 33 años para los etarras que querían atentar en Azca

El representante del Ministerio Público elevó hoy a definitiva su petición de hasta 33 años de cárcel para los cuatro presuntos miembros de este comando de ETA, Joseba Iturbide y los tres autores materiales del atentado perpetrado en diciembre de 2006 contra la terminal 4 del aeropuerto de Barajas. Mattin Sarasola, Igor Portu y Mikel San Sebastian fueron condenados la pasada semana a 1.040 años de cárcel por estos hechos. 

En el juicio desarrollado esta semana ante la Sección Primera de la Audiencia Nacional, el fiscal atribuye a los cuatro procesados de los delitos de pertenencia a ETA, tenencia y depósito de explosivos y conspiración para la realización de estragos terroristas, por los que pide un total de 30 años de cárcel. Además, para Portu y Sarasola solicita otros tres años de cárcel por tenencia ilícita de armas terroristas, en relación con las pistolas que se les incautaron cuando fueron arrestados, el 6 de enero de 2008.

En su informe de conclusiones definitivas, Martínez recordó que fue Sarasola quien, tras su detención, confesó su integración en la banda terrorista a la Guardia Civil, relató su "progresión delictiva"en ETA, aportó todos los detalles sobre "cómo se gestó y se llevó a cabo"y por quiénes el atentado de la T4, y mencionó la "acción proyectada contra el complejo Azca". En concreto, explicó que habían recibido órdenes de colocar un coche-bomba en un aparcamiento de esta zona de Madrid y relató que llegaron a hacer un viaje de reconocimiento a la capital, para lo que alquilaron un vehículo y lo estacionaron en un 'parking' de Azca. La Guardia Civil encontró el contrato de alquiler que firmó Portu, así como imágenes del coche aparcado.

El fiscal destacó la importancia de estos hechos y subrayó que para analizar esta información hay que remitirse "a la experiencia de la T4", para cuya preparación, los autores materiales hicieron dos viajes previos a Madrid y también dejaron el coche en el estacionamiento del aeropuerto como prueba. En el caso de Azca, insistió, tenían "a su disposición material explosivo y todos los medios para llevarlo a cabo".

Estas consideraciones fueron compartidas por el abogado de la acusación popular, ejercida por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), que también defendió que el atentado de Azca era "un objetivo cierto, una acción concreta a realizar que se inició desde el momento que los cuatro acusados se trasladaron a Madrid".

El fiscal insistió en que las manifestaciones de Sarasola se obtuvieron de manera "espontánea"y con todas las garantías y recordó que en las cinco ocasiones en que fue reconocido por médicos forenses aseguró que no sufrió maltratos, alegando que las lesiones que tenía fueron fruto de la "detención violenta"que se le practicó.

A su juicio, estas declaraciones sirven de prueba para este acusado y para el resto de procesados, porque están corroboradas por elementos externos, algunos obtenidos antes de que se produjeran los interrogatorios. En concreto, recordó las pistolas que se les encontraron a Portu y Sarasola; las fotografías que tenía el primero de ellos en su casa y que condujeron a la localización de un zulo con explosivos en Nocito (Huesca); los manuales de ETA incautados y la propia actitud de Iturbide y San Sebastian, que se dieron a la fuga tras la detención de sus dos compañeros de comando, "sabiendo que podían decir sus nombres".

Además, rechazó la pretensión de la defensa de que la declaración de Sarasola no sea válida por las denuncias que tanto él como Portu presentaron por supuestas torturas y que serán objeto de juicio en la Audiencia Provincial de San Sebastián.

El fiscal defendió que han quedado acreditadas las circunstancias en que se produjo la detención y subrayó que para analizar la "veracidad"de las denuncias de maltrato basta tener en cuenta el documento, al que se dio lectura en la vista oral, en el que el ex jefe militar de ETA Garikoitz Aspiazu 'Txeroki' se refiere a las "torturas falsas"denunciadas por Portu, y el manual incautado a San Sebastián con instrucciones para preparar las 'cantadas'. Asimismo, aprovechó para advertir que la cúpula de ETA parece estar "más interesada"en el procedimiento que se sigue en San Sebastián que en el de la Audiencia Nacional, para después "utilizarlo como medio propagandístico". En la sesión de hoy declararon los forenses de la Audiencia Nacional que examinaron a los dos detenidos a su llegada a Madrid y los de San Sebastián, que los reconocieron en primer lugar. Tanto unos como otros ratificaron sus informes en los que constataron que los acusados no denunciaron maltratos y sólo indicaron que tenían lesiones por el "forcejeo al intentar escapar". También declararon a propuesta de la defensa dos forenses a los que el juzgado de instrucción número 1 de San Sebastián encargó la elaboración de un informe en el marco del procedimiento contra 15 guardias civiles por presuntas torturas.

Los dos médicos, que comparecieron en calidad de peritos, explicaron que para la realización de sus informes tuvieron en cuenta los realizados en un primer momento, las declaraciones de Portu y Sarasola ante el juez de San Sebastián, las de los agentes del Instituto armado y un análisis del lugar en el que tuvo lugar el arresto. A preguntas de la defensa, y previa consulta al tribunal sobre la procedencia de pronunciarse sobre sus conclusiones, dado el otro procedimiento en curso, los dos forenses corroboraron que sus informes concluyen en que "no se han encontrado elementos de compatibilidad"entre las lesiones de Portu y Sarasola y lo manifestado por los agentes de la Guardia Civil y, en cambio, sí hay "elementos de compatibilidad"con las alegaciones de los dos presuntos etarras.

En su informe de conclusiones, la abogada de los cuatro acusados reconoció que este tribunal no es el que debe pronunciarse sobre la denuncia de torturas, sino el del País Vasco, pero subrayó que las "sospechas fundadas"sobre la existencia de torturas hace que, en su opinión, no puedan ser valoradas las declaraciones de Sarasola. Además, sobre la imputación de Azca, sostuvo que sin las manifestaciones de este procesado no se habría podido llegar al contrato de alquiler y las imágenes del vehículo aparcado y explicó que, en cualquier caso, "lo único que hay"es que los cuatro acusados se habrían "limitado a hacer una comprobación". Tras la negativa de los cuatro acusados a ejercer su derecho a la última palabra, el presidente del tribunal, Javier Gómez Bermúdez, declaró el juicio visto para sentencia.