Oxígeno para salvar empleos

Al día siguiente de la manifestación sindical contra la reforma laboral, el presidente del Gobierno ha replicado convocando a los representantes de las pequeñas y medianas empresas y de los trabajadores autónomos para detallarles la forma en que cobrarán sus facturas pendientes en manos de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas. No está de más recordar que las pymes y los autónomos representan más del 90% del tejido empresarial español y que emplean a muchos más millones de trabajadores de los que representan CC OO y UGT. Gracias, precisamente, a los 35.000 millones de euros que el Gobierno ha instrumentado a través de la banca privada y con el apoyo del ICO, se salvarán miles de puestos de trabajo. Uno de los factores que han disparado el desempleo y la alta mortalidad empresarial ha sido el impago de las facturas por parte de las administraciones. Los afectados no sólo no han cobrado por sus servicios, sino que además han tenido que pagar por adelantado un IVA que no han ingresado. Como a ello se le ha sumado el estrangulamiento del crédito, decenas de miles de pequeñas compañías y de autónomos se han visto abocados al cierre. De muy poco sirvió aquel experimento del Gobierno socialista llamado Plan E, que puso a disposición de los ayuntamientos cerca de 13.000 millones de euros con unos resultados muy mediocres para los vecinos, nada satisfactorios para la creación de empleo e inútiles para salvar empresas en apuros. Por el contrario, el plan de Rajoy llevará oxígeno a miles de proveedores y obligará a cientos de ayuntamientos a aflorar una deuda oculta de proporciones desconocidas. No es ningún secreto que muchos alcaldes han maquillado su nefasta gestión guardando las facturas en el cajón, protegidos por una legislación que les garantiza cierta impunidad. Hay que aplaudir, por tanto, la iniciativa del Gobierno, que a partir de mayo inyectará en el reseco tejido empresarial miles de millones de euros. Pero el equipo económico de Rajoy no debe darse por satisfecho y ha de avanzar un paso más para garantizar la financiación de pymes y autónomos, como es reducir los plazos de pago de las administraciones. A fecha de hoy, los organismos públicos pagan, de media, con un retraso de 160 días, aunque en bastantes casos la morosidad se dispara por encima de los 400 días. El presidente anunció ayer que su objetivo es reducir a la mitad, 80 días, el plazo máximo. Nada más necesario. La morosidad del sector público ha disparado los costes de financiación hasta límites insoportables, incluso para grandes compañías, así que con más razón para las pequeñas. Además, lastra la competitividad y desanima a los inversores internacionales. No cabe duda de que con el plan detallado ayer, España recuperará cierta credibilidad en Europa, pese a la mala imagen que están dando los sindicalistas.