El crédito al consumo

El crédito al consumo se multiplicó casi por dos entre 1998 y mediados de 2008. El volumen total de esta modalidad de financiación, con relación al PIB, ascendió desde un 5,8%, a finales de los años noventa, hasta un 9,8% en 2007; y desde un 8,3% de la Renta Bruta Disponible de los hogares hasta un 15,4% en el mismo periodo. Sin embargo, durante la etapa más aguda de la crisis, el crédito nuevo al consumo se contrajo una cuarta parte. La reducción del volumen de negocio no sólo fue resultado de la caída de la demanda, sino también de las dificultades de financiación por parte de las entidades de crédito, especialmente en el caso de los establecimientos financieros de crédito (EFC) no vinculados a ningún banco o caja de ahorros.

En 2009, los EFC presentaron pérdidas por primera vez en su historia, reduciéndose la inversión crediticia en un 30% respecto al año anterior, lo que supuso una caída notable de los ingresos financieros. Al mismo tiempo, las dotaciones para insolvencias tuvieron que incrementarse a raíz del fuerte ascenso en las cifras de morosidad, con lo que el resultado final resultó en pérdidas. La crisis ha evolucionado desde sus momentos iniciales dando lugar a cambios normativos de calado, procedentes de la transposición a la normativa española de la Directiva Comunitaria del Crédito al Consumo, de 23 de abril de 2008, que se recoge en el Proyecto de Ley de Contratos de Crédito al Consumo. La norma busca la explicación individualizada al consumidor para que éste pueda evaluar si el crédito se ajusta a sus necesidades y a su situación financiera, así como las consecuencias en caso de impago. Esta norma supone una exigencia de mayor transparencia, que obliga tanto al financiador como al vendedor que actúa entre éste y el consumidor final.

Otro elemento de este nuevo escenario es el incremento de la prima de riesgo-país que resulta del estallido de la crisis de la deuda soberana a comienzos de 2010, por lo que la UE y el FMI crearon un mecanismo de asistencia financiera para hacer frente al rescate de países con problemas. Al mismo tiempo, el incremento de la prima de riesgo-país se extiende hacia las empresas españolas dificultando el acceso de las mismas a la financiación internacional. Las medidas extraordinarias de provisión de liquidez por parte del BCE son las que han hecho posible que las entidades españolas puedan hacer frente a la refinanciación de su deuda a un coste asumible y hayan seguido generando beneficios con los que provisionar las pérdidas sufridas por el aumento de la morosidad. En lo que se refiere a las entidades especializadas en el crédito al consumo, esta situación se traduce en más dificultades para obtener recursos financieros en los mercados internacionales.

Otro factor que delimita el contexto es el elevado endeudamiento de los hogares, que se elevó hasta un 130% en 2007. Desde entonces, y hasta finales de 2010, el volumen nominal de la deuda apenas se ha reducido. No obstante, hay que subrayar que el intenso ascenso del endeudamiento de las familias españolas obedecía al aumento explosivo del crédito hipotecario destinado a la adquisición de vivienda. El crédito al consumo apenas representaba en 2007 un 12% del volumen total de la deuda viva de los hogares, algo menos incluso que la media comunitaria, que se situaba en torno al 13%. El crédito al consumo no ha sido, por tanto, el responsable del fuerte crecimiento del endeudamiento de las familias. En cualquier caso, el elevado nivel de endeudamiento de los hogares, junto con factores como la alta tasa de paro y la falta de confianza, constituyen una limitación a la capacidad de crecimiento del consumo y, por tanto, a la capacidad de recuperación del mercado del crédito al consumo en España. Cuando los consumidores recuperen su capacidad de consumo y de endeudamiento, cabe esperar que los criterios de admisión de las entidades sean más prudentes tanto como consecuencia de la experiencia adquirida durante la crisis como por las mayores exigencias regulatorias.

Una de las consecuencias del nuevo entorno que emerge de la crisis es la mayor importancia que se concede a la gestión del riesgo, buscándose más la seguridad que la realización de un gran volumen de operaciones. Esto se refleja en un endurecimiento de los criterios y de las condiciones de concesión de préstamos a los hogares y a las empresas y un mayor grado de exigencia en las condiciones crediticias. Esto supone que, con objeto de controlar mejor el riesgo, la gestión crediticia deberá concentrar sus esfuerzos en tres áreas: la identificación de los procesos de negocio, la adecuación de los sistemas de información y la integración de los modelos de decisión. Ahora hay que buscar ventajas competitivas a través de la actuación en una serie de ámbitos para identificar como elementos clave de las estrategias que se deben desarrollar en este nuevo entorno: la gestión del cliente, la gestión del riesgo, el control interno, la explotación de nuevos canales y productos, y el aprovechamiento de las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías, internet y las redes sociales.