ETA sigue en las calles

El terrorismo callejero ha sido siempre un instrumento que ETA ha modulado en función de sus intereses y de las coyunturas. Ha sido un método útil y concluyente de enviar mensajes a los gobiernos de turno, a la clase política y a la propia sociedad. En los meses trascurridos desde el presunto cese armado definitivo de la banda, anunciado en octubre, la naturaleza de la «kale borroka» no ha cambiado, porque tampoco ha desaparecido, pese a que desde el socialismo vasco y la izquierda abertzale se haya defendido lo contrario. LA RAZÓN publica hoy un informe que repasa los 33 actos de intimidación perpetrados en el País Vasco y Navarra en este tiempo, entre los que hay ataques contra las Fuerzas de Seguridad y sus familias, instalaciones oficiales, sedes de partidos políticos y quema de banderas. Resulta muy grave que el Gobierno vasco haya mantenido primero una política de ocultación y después de exculpación de la denominada izquierda abertzale. Hasta el punto de que el consejero Rodolfo Ares insistiera ayer mismo en que la «kale borroka», como una violencia organizada y planificada por ETA, «ha desaparecido». El PSOE tendrá que responder antes o después de su decisión política de «blanquear» al brazo político de la banda y de preservar a toda costa la ficción de que los terroristas son un pasado que no volverá. El problema añadido es que ese discurso político pueda traducirse en una relajación en la lucha contra la coacción y en la recuperación de espacios de libertad, como parece suceder. Que los violentos campen a sus anchas con tan sólo alguna mínima respuesta para salvar la cara es un grave error. La laxitud ha reforzado siempre a los asesinos y no al contrario. Esta misma semana varios presos etarras animaron en la Audiencia Nacional a «dar duro» hasta conseguir la independencia y no dieron síntomas de asumir ese supuesto «tiempo nuevo» que nos anuncian desde octubre. En esa línea, actuaciones como la segregación de los no vascoparlantes en una relación fiscal impulsada por el Gobierno guipuzcoano de Bildu no es anecdótico ni inocente y refuerza nuestra convicción de que los demócratas deben mantener una tensión máxima en la aplicación de la Ley contra ETA y su mundo. Esos 33 actos de terrorismo callejero no pueden ser actos de nostálgicos ni de elementos incontrolados. Nada funciona así en ese mundo y todos los saben. La amenaza etarra sigue presente, el miedo crece y la libertad mengua. Vivimos, sufrimos más bien, un proceso tutelado en parte por los terroristas en función de sus intereses electorales. Algunos participan de un juego tan peligroso como desleal. El Gobierno debe mantenerse como hasta ahora en la aplicación estricta de una política de derrota de la banda sin concesiones ni distracciones.