El «céntimo sanitario» y la ecotasa se empezarán a cobrar a partir de marzo

Pilar del Olmo remarca que los ajustes son «inamovibles» pero que no se privatizará nada

La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, y José M. Sáez, en la reunión celebra ayer con los representantes de los trabajadores de la Junta de Castilla y León para explicarles los acuerdos gubernamentales que les afectan
La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, y José M. Sáez, en la reunión celebra ayer con los representantes de los trabajadores de la Junta de Castilla y León para explicarles los acuerdos gubernamentales que les afectan

Valladolid- El «céntimo sanitario», el gravamen por el que todo aquel que reposte gasolina así como otros hidrocarburos -con la excepción de los agrícolas y de calefacción- en Castilla y León deberá desembolsar 4,8 céntimos de euro por litro, y la ecotasa a las eléctricas, así como el impuesto sobre el reciclado de residuos sólidos, comenzarán a aplicarse, como muy pronto en marzo.

Así lo expuso la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, quien remarcó que se debatirá en las Cortes el proyecto de Ley de Medidas de Acompañamiento que envíe la Junta, al que podrían incorporarse algunas de las sugerencias que hagan los sindicatos de la Función Pública.
La responsable autonómica de las cuentas del Gobierno regional se expresó de esta manera tras reunirse con los representantes sindicales, en una primera toma de contacto para explicarles los acuerdos aprobados en el Consejo de Gobierno del jueves, el más importante en años.

Impuesto de Patrimonio
En declaraciones a los periodistas, Pilar del Olmo sí quiso aclarar con respecto al recuperado Impuesto de Patrimonio, que sí hay que rendir cuentas del mismo en la declaración del Impuesto de la Renta Sobre las Personas Físicas del próximo año. «Se devengará mañana (por hoy) -explicó- a propietarios con más de 700.000 euros de patrimonio y vivienda habitual con un valor superior a 300.000 euros».

La consejera fue rotunda al argumentar que los acuerdos tomados el jueves son «inamovibles», y justificó las reuniones que mantendrá con los representantes de los trabajadores, por la necesidad de «modular» las medidas adoptadas, entre ellas el aumento de la jornada semanal en 2,5 horas o el plan de lucha contra el absentismo. «Habrá que negociar si esto es permanente o provisional, porque no sabemos cuándo saldremos de la crisis», reconoció Pilar del Olmo, quien también puso de manifiesto que en ese primer encuentro con CSIF, UGT y Comisiones Obreras, entre otros, hubo un «desacuerdo unánime».

La consejera puso sobre la mesa el esfuerzo que realizarán los empleados públicos, a los que se les congela el salario para el próximo año y deberán completar más horas de trabajo, aunque tendrán flexibilidad para ello -como hasta la fecha-. Si bien, quiso rechazar algunas dudas puestas sobre la mesa por los sindicatos, como la posibilidad de que éste sea el primer paso para que empeoren los servicios que se prestan y se acometa una externalización de los mismos. Un extremo que refutó la consejera, quien, tajante, argumento que «no está en la decisión del Gobierno autonómico que haya ninguna privatización de servicios públicos y de calidad», por el contrario, agregó, «no tendremos que recurrir a externos, dado que las prestaciones esenciales estarán mejor atendidas».

En cuanto a la tasa de interinidad, Del Olmo, concretó que «no tiene por qué haber una rescisión de contratos a estos trabajadores, porque unas medidas se compensan con otras».
Preguntada sobre la posibilidad de que haya movilizaciones en el futuro como consecuencia de estas decisiones gubernamentales, Pilar del Olmo apeló al «responsabilidad» de los agentes sociales, porque «comprenden la situación por la que atravesamos», de manera que vaticinó que «no habrá una gran respuesta social».

Mal menor
La consejera reconoció que «en la decisión ha pesado mi condición de empleada pública, dado que puse sobre la mesa qué preferirían mis compañeros, sin llevar el mismo sueldo a casa o trabajar más», algo que, a su entender, sería «mucho más perjudicial». De esta manera se ha optado por congelar salarios y el complemento de productividad, en lugar de retocar nóminas que, reconoció, habría sido más efectiva, al suponer una rebaja del 1 por ciento del sueldo un mantenimiento de fondos en la administración de 36 millones de euros.

Con respecto a la intensificación del control del absentismo laboral, Del Olmo apuntó, frente a las críticas sindicales que apuntan que «se criminaliza al empleado público», que «se hace en todas las empresas» y supone «una obligación, no una desconfianza».