Crisis bancaria

Rajoy planea contratar auditorías independientes

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MADRID- El Gobierno necesita multiplicar su reacción para contener los efectos de la caída de Bankia en todo el sector financiero, aunque el daño esté ya hecho. Entre sus prioridades está combatir el problema de que la reforma financiera de febrero no ha conseguido evitar que se asiente la idea de que la valoración de la cartera de créditos y de activos inmobiliarios es falsa, una tesis que consolida, además, el hecho de que la presión se extienda también ahora a la parte teóricamente sana del sistema, es decir, a toda la valoración del suelo.

El estallido de la crisis del sector financiero español se ha llevado por delante la credibilidad del Banco de España (BdE), con Miguel Ángel Fernández Ordóñez al frente, y también la de las auditorías hasta ahora realizadas –alrededor del 90 por ciento por parte de Deloitte–, ya que en la estimación del precio de los activos inmobiliarios de las entidades no han sido capaces de percibir el grueso del agujero, las valoraciones desfasadas o las irregularidades contables. Ya se vio, por ejemplo, en la intervención del Banco de Valencia. En el caso del Banco de España, el Gobierno le echa en cara que además de no detectar los problemas, optase por una misma estrategia ante cada una de las intervenciones: prolongar la agonía todo lo posible con la esperanza de que llegara un milagro de solución en forma de recapitalización o de comprador. «Así ha ocurrido con Caja Castilla-La Mancha, con CajaSur y con la CAM», precisan en el Ejecutivo.

Para subrayar la importancia de esta labor de fiscalización desde el Gobierno recuerdan que a principios de 2009 Erns & Young se negó a firmar las cuentas de 2008 de la entidad que presidía Juan Pedro Hernández Moltó, «pese a las presiones para que lo hiciera». Y que aquello fue el detonante de la primera intervención de una entidad en la crisis actual.

Caja Sur
También citan como ejemplo el caso de Caja Sur, donde Deloitte añadió en las cuentas del año 2009, «en el último momento, y debido a que Fitch rebajó el rating de la entidad cordobesa a niveles de bono basura», la precisión de que eran necesarias «medidas estructurales y de búsqueda y captación de instrumentos que garanticen la liquidez y la solvencia».

La situación, cuando apenas faltan dos meses para que venza el mandato de la actual dirección del Banco de España, lleva al Ejecutivo de Mariano Rajoy a plantearse la necesidad de contratar entidades «que sean verdaderamente independientes» con el objetivo de que dirijan las valoraciones en las que tiene que sustentarse la nueva reforma. «Que es la última oportunidad», advierten en Moncloa, para evitar que esta crisis arrastre a todo el sistema.

 

La UE exige una nueva tasación
La UE tampoco se fía del Banco de España. Y tanto el Banco Central Europeo (BCE) como el consejo de ministros de la Eurozona lanzaron ayer el mensaje de la necesidad de que sean «expertos independientes» los que analicen los activos inmobiliarios en los balances de la banca española. La nacionalización de Bankia ha terminado de desatar las alarmas, y ahora Bruselas reclama explicaciones sobre el caso y los planes del Gobierno sobre el sector. Las primeras deberá aportarlas Luis de Guindos a los ministros de los 17 este lunes en el Eurogrupo, informa C. Herrero.