La juez imputa al doctor Morín por un fraude fiscal de 446000 euros

Según han informado a Efe fuentes judiciales, la titular del juzgado de instrucción número 2 de Barcelona ha admitido a trámite la querella por fraude fiscal que el ministerio público presentó contra él y le ha citado a declarar como imputado para el próximo 13 de febrero.

El ginecólogo será interrogado para aclarar si, como mantiene la Fiscalía, dejó de pagar 446.054 euros en IVA e impuesto de sociedades por los beneficios de su empresa Barinvest, dedicada al negocio inmobiliario, compraventa de objetos textiles y lavandería.

La querella por fraude fiscal se dirige contra Morín y contra su esposa María Luisa D., que están a la espera de juicio por los presuntos abortos ilegales practicados en sus clínicas en una causa en la que afrontan penas de 309 y 204 años de cárcel, respectivamente.

El ministerio público, que acusa al matrimonio de dos delitos contra la Hacienda Pública, basa su querella en un informe de la Agencia Tributaria, que descubrió el supuesto fraude gracias a la documentación que figuraba en la causa abierta en un juzgado de Barcelona por los abortos ilegales, que implicó registros en las clínicas y sociedades que administraban Morín y su esposa.

Según la querella, la Agencia Tributaria ha constatado que la empresa Barinvest transmitió a otra sociedad dos inmuebles de su propiedad de Barcelona, junto a dos plazas de aparcamiento, en una operación con la que obtuvo 1.064.998 euros de beneficios que no fueron objeto de tributación alguna por parte de los querellados.

La sociedad Barinvest también se dedicó en 2006 a la prestación de servicios de lavandería a las clínicas del doctor Morín, aunque no presentó ninguna declaración tributaria por sus ingresos, lo que, junto a la operación inmobiliaria antes citada, supuso un fraude total en el pago del IVA de 205.265 euros.

La empresa del matrimonio Morín, según la acusación pública, defraudó otros 240.789 euros correspondientes al impuesto sobre sociedades en el ejercicio de 2006 por no tributar las ganancias derivadas de las actividades prestadas a las clínicas abortistas del ginecólogo.