Deslealtad nacionalista

Los informes de la Comisión Europea y de otros organismos internacionales como el FMI o el Banco Central Europeo han señalado con insistencia a las comunidades autónomas como el gran talón de Aquiles del país en su propósito de alcanzar el objetivo de estabilidad fiscal. No han sido reparos puntuales o coyunturales, sino una apreciación estable y concluyente sobre una dinámica enquistada que exige soluciones. Lo cierto es que hay razones para la desconfianza porque el nivel de endeudamiento territorial, sumado a la mastodóntica estructura administrativa y a las redes clientelares ha engendrado un monstruo de gestión ineficaz en una buena parte de casos, aunque hay excepciones. El Gobierno ha articulado un marco de exigencia y disciplina con los gobiernos regionales para detener la sangría del gasto, con planes de ajustes severos y mecanismos de sanción que pueden llegar hasta la intervención. Hasta la fecha, el grado de cumplimiento global de las autonomías no está al nivel exigido y en algunos casos es directamente decepcionante. Lo peor es que los gobiernos autonómicos de signo contrario al PP, e incluso algunos populares, dedican más esfuerzos a poner trabas y excusas que a conseguir alcanzar los números comprometidos. Hay en el fondo una deslealtad con la ciudadanía y con el Estado por parte de quien no acaba de enterarse de los riesgos de tanta ligereza y obcecación. En el caso de los nacionalistas de Cataluña y el País Vasco y de los socialcomunistas de Andalucía, existe una actitud de desafío al Gobierno de la nación que tiene más que ver con una estrategia política muy equivocada de los separatismos y un cálculo temerario sobre las consecuencias de mantener los desequilibrios y fallar a Europa. Artur Mas admitió ayer que Cataluña puede ser intervenida y amenazó, de ser así, con elecciones anticipadas desde la idea de que «formando parte de España no hay una salida viable a la crisis». Iñigo Urkullu pidió una prima de riesgo vasca para una salida vasca de la recesión. Y el Gobierno socialcomunista de Andalucía habló de incumplir su plan de ajuste tras pactar con los sindicatos no incluir una rebaja salarial a los empleados públicos. Los tres son ejemplos de hasta qué punto se supeditan los intereses generales a los muy particulares e ideológicos de ciertos políticos autonómicos. El desbarajuste de estas comunidades nos cuesta caro en confianza y credibilidad internacional y lo pagamos todos en los mercados. Falta arrojo y coraje en estos responsables para dar un paso al frente y cumplir. Sus proyectos particulares de país importan poco o nada cuando la gente no llega a fin de mes. Su actitud supone una profunda insolidaridad con sus gobernados. Debemos empujar todos del carro hasta que salga del agujero. Ésa es la prioridad. No las frivolidades ni las entelequias de unos pocos.