Salgado piensa que hay facturas ya contabilizadas en la documentación que presenta Castilla-La Mancha

Elena Salgado, vicepresidenta económica del Ejecutivo, hizo hincapié este martes en que ningún interventor firma los informes que el equipo de María Dolores de Cospedal mandó a la Secretaría de Estado de Hacienda. De acuerdo con ellos, habría 829 millones de euros en obligaciones pendientes de cobro más de los reconocidos y el déficit regional se situaría en el 4,9 por ciento.

La ministra cree que "es posible"que se hayan tenido en cuenta facturas "que ya estén contabilizadas en el déficit del año pasado". De ahí que abogue por que los expertos analicen las cuentas antes de hablar de "facturas escondidas", unas acusaciones "irresponsables"que provienen, dijo, de "personas que deberían haber desaparecido de la vida política hace años".

La Secretaría de Estado de Hacienda ha recibido la documentación que la Junta de Castilla-La Mancha le envió sobre la situación de sus cuentas. De acuerdo con esos datos, habría 829 millones de euros en obligaciones pendientes de cobro más de los que aparecen registrados
y el déficit regional se situaría en el 4,9 por ciento. El límite anual está en el 1,3 por ciento. Con ello, los 'populares' sostienen que las cuentas no son transparentes y que hay facturas en el cajón.

Salgado asegura que el interventor no firma la documentación, lo que le lleva a pensar que "es posible que haya facturas del año anterior que ya estén contabilizadas en el déficit del año pasado". Es decir, que los 'populares' hayan elaborado su informe incluyendo algunos datos que ya se tuvieron en cuenta en ejercicios anteriores.

Ante esta posibilidad, la socialista cree que los expertos "han de sentarse y ver las facturas una por una". Ellos deberían dirimir "cuál está en el déficit del año pasado, cuál es una obligación reconocida y cuál es una factura en el cajón, si la hubiera".

Sólo entonces la vicepresidenta accederá a la petición de la presidenta de Castilla-La Mancha, y se sentará con ella para estudiar el panorama económico de la Comunidad... "Y conocer de su parte qué es lo que va a hacer para revertir la situación".

En declaraciones a RNE, la responsable de Economía aseguró que el tema de la presunta ocultación de facturas no tiene "ningún tipo de fundamento". A su juicio, son declaraciones "irresponsables, sobre todo, en estos días de turbulencias financieras". Salgado advirtió de que, en este contexto, ataques de este tipo podrían hacer mucho daño a España, aunque luego agregó que los mercados no otorgan credibilidad a esta información.

PONS VS. SALGADO
Salgado aprovechó para responder a Esteban González Pons, vicesecretario de Comunicación del PP, que dijo este martes, durante una conferencia, que habría que investigar si la vicepresidenta también tiene "facturas escondidas". La contestación de la ministra fue contundente: "Yo creo que hay personas que deberían haber desaparecido de la vida política hace años".

La formación 'popular' pretende revisar todos los datos: "Lo que debemos, hay que confesarlo, hay que decirlo públicamente, porque ésta es nuestra situación y, a partir de ahí, se empieza a construir".

González Pons comparó el país con un enfermo grave que necesita que el médico le diga la verdad, porque sin ella, no puede someterse al tratamiento adecuado. "Si seguimos mintiéndole, España no entrará en el camino de la curación".

Manuel Chaves, vicepresidente de Política Territorial, también entró en el rifirrafe y aseveró que el PP está tratando de "endosar al Gobierno de la Nación"responsabilidades de los gobiernos de las comunidades autónomas. Lo dijo este martes, después de la reunión del Grupo Socialista en el Congreso.

Según apuntó, los equipos elegidos en los comicios "reciben herencias buenas y herencias, en parte, negativas", pero, sea como sea, tienen que asumirlas: "Para eso ganan las elecciones".

El 'número cuatro' del Gobierno afirmó que las críticas forman parte de una estrategia. Chaves sospecha de que, con ella, el PP pretende sembrar dudas sobre las cuentas estatales porque está pensando en "recortes de los servicios públicos fundamentales", por si "se diera la circunstancia"de que ganara las generales.

Valeriano Gómez, titular de Trabajo e Inmigración, agregó a estos argumentos que, si se confirmase la cifra del PP, "sólo representaría una décima parte del PIB", por lo que queda un margen de maniobra. "Hay un objetivo de gasto y déficit para cada una de las comunidades autónomas y es muy importante que se cumpla el conjunto".

El ministro dijo que "no es conveniente de ninguna forma que este tipo de procesos se lleve de manera descontrolada"y que, si se siguiera descubriendo impagos o déficit no declarado en las autonomías, el Estado debería hacer frente al problema. No obstante, de nuevo, sostuvo: "Hay que tener presente que el déficit de las comunidades autónomas todavía es de un tamaño muy manejable".

MAS DEFICIT DEL REGISTRADO
El punto de partida al nuevo encontronazo entre las dos formaciones se dio este lunes, cuando la Junta de Castilla-La Mancha envió a la Secretaría de Estado de Economía la documentación referente a esos 829 millones y a la diferencia deficitaria. El Grupo Parlamentario Socialista en la Autonomía recibió otra copia del informe.

Después, Jesús Labrador, consejero de Presidencia y Administraciones Públicas, explicó que esos 829 millones se sumarían a la cifra de alrededor de 1.700 millones que el equipo de Cospedal detectó la semana pasada. Sólo esa cantidad superaba en mil millones los datos de José María Barreda, antecesor de la 'popular'.

El equipo del socialista aseveró la semana pasada que dejó la Comunidad con 700 millones pendientes de pago y que la diferencia de mil millones podría deberse "a la tensión política y económica"de los últimos meses. Esta podría haber aumentado, "de manera excepcional", la presión de las facturas, "por la preocupación y la zozobra de los proveedores y de los centros de gestión".

La documentación 'popular' también hablaba de la deuda, que estaría "por encima de los 7.400 millones de euros", por lo que, hasta ahora, habría una cantidad no declarada de 2.606,7 millones.