Tope de 100000 euros para jefes de empresas públicas básicas

MADRID– El Consejo de Ministros aprobará hoy una revisión de los sueldos en el entramado empresarial público. Como informó el pasado miércoles este periódico, dentro de la reordenación del sector público, además del recorte en el número de empresas, los planes del Ejecutivo también incluyen la reducción de los cuadros de mando de todas las sociedades, así como del número de consejeros; y la homologación de las indemnizaciones, sueldos, gastos de representación y estructuras directivas. Todo al servicio –argumentan en La Moncloa– de recortar gasto público, uniformizar el modelo y ser ejemplares.

La intervención en las remuneraciones de los directivos de la empresa pública era «urgente» porque el Gobierno ya tenía pendientes varios nuevos contratos y su intención es «empezar a funcionar con un nuevo modelo tipo para todos», explican las fuentes consultadas.

Entre las posibilidades que han barajado está la de equiparar, en líneas generales, estas remuneraciones con las de los secretarios de Estado. Así, los gerentes de las empresas públicas básicas no cobrarán más de 100.000 euros, aunque pudiese haber alguna excepción, pero sin llegar a las diferencias tan escandalosas que existen en la actualidad en los sueldos de estos directivos en función de la empresa pública en la que les había tocado en suerte caer.

El Gobierno también ha decidido corregir las diferencias que se ha encontrado en materia de indemnizaciones. Aunque había una norma, sin valor de ley, que establecía una indemnización tipo de 12 mensualidades, las excepciones han sido muchas y de alta cuantía.

A partir de ahora esas extinciones de los contratos mercantiles y de alta dirección de los presidentes y consejeros delegados de las entidades del sector público, y de su personal directivo, no podrán tener una indemnización superior a siete días por año de servicio, con un máximo, además, de seis mensualidades.

La reestructuración del sector
Junto con esta revisión de sueldos y de indemnizaciones sigue pendiente la reestructuración de las empresas, agencias o fundaciones públicas vinculadas a la Administración central y autonómica. El Gobierno encargó un balance a todos los ministerios y esta iniciativa continúa en fase de informe, ya que no todos los Departamentos han rematado sus ajustes. La decisión podría adoptarse en el siguiente Consejo de Ministros.

Según la Intervención General del Estado, existen más de 4.000 entidades públicas, que ya deberían haberse reducido a menos de 3.500, según los planes que se aprobaron en una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, en marzo de 2010, con acuerdo de todas las comunidades autónomas.

Entonces, éstas se comprometieron a elaborar en el plazo de tres meses un plan de racionalización y eficiencia del gasto público.

El objetivo era eliminar, en términos netos, 514 entidades, si bien, de acuerdo con los datos disponibles a principios de enero, sólo habían suprimido 69, lo que representa un 13,4 por ciento. Ahora el Gobierno perfila un «tijeretazo» que podría afectar al 25 por ciento de las compañías públicas, la mitad de ellas en las autonomías.

Durante la etapa de mandato socialista, el agujero de las empresas públicas aumentó en más de 38.000 millones de euros. Cuando llegó al Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, era de 19.000 millones, y cuando se marchó alcanzaba la cifra de 57.170 millones, conforme a los datos oficiales publicados en el tercer trimestre de 2011.

Esta mañana el Consejo de Ministros también analizará otro informe sobre el desarrollo del primer recorte de gasto de 8.900 millones de euros que aprobó el pasado día 30 de diciembre, informa Efe. El mayor ahorro afectó a Fomento (1.614 millones).

Cataluña, a la cabeza
Las empresas públicas catalanas han creado un agujero en las cuentas de la Generalitat que suma 7.824 millones de euros, según los datos del tercer trimestre de 2011. Eso supone más de la mitad del déficit de todas las empresas públicas del país, 15.495 millones. Le sigue la Comunidad Valenciana, con 1.694 millones y, en tercer lugar, Madrid, con 1.641. Destaca también la deuda de 688 millones contraída por las empresas del gobierno balear.