Aumenta la confrontación

sevilla- La cuenta atrás para las elecciones andaluzas, que se prevé se celebren el 25 de marzo, ha comenzado y, a tenor de los primeros cruces de acusaciones entre PSOE-A y PP-A, tendrá un protagonista: el Gobierno de Mariano Rajoy. Así lo evidenció ayer la consejera de Hacienda de la Junta, Carmen Martínez Aguayo, quien cifró en 2.000 millones de euros el impacto de los «recortes» aprobados el 30 de diciembre por el Consejo de Ministros, lo que representa 1,5 puntos del Producto Interior Bruto (PIB) andaluz. Es más, se escudó en esa teórica merma de ingresos para advertir ahora de que «todo el Presupuesto planteado para 2012 deberá ser revisado en profundidad».
Tras visitar en Sevilla el Pabellón de la Navegación, Martínez Aguayo aseguró que las medidas del Gobierno de la Nación tendrán «un gran impacto», afectarán «de manera importante» a Andalucía y supondrán «una reducción del crecimiento económico y un aumento del desempleo».
Insistió en que la afectación de dichas iniciativas será «muy importante», puesto que supondrán «la reducción de las partidas de ministerios que vienen a trabajar con Andalucía, como el de Empleo, que sufrirá recortes de más de 400 millones de euros; el Ministerio de Educación, donde se recortarán más de 1.400 millones, o el de Industria, con más de 1.000 millones menos». A lo que sumó la «reducción» del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI).
En ese sentido, la consejera llegó incluso a instar al presidente de los populares andaluces, Javier Arenas, a estudiarse «las medidas, porque sí tendrán repercusión importante».
Sin embargo, el secretario general del PP-A, Antonio Sanz, defendió que las medidas adoptadas por el Ejecutivo central supondrán un incremento en los ingresos del Presupuesto de la comunidad para 2012 «y nunca una disminución». Alza que, según el popular, pondrá en evidencia «las mentiras» de la titular de Hacienda de la Junta. Para Sanz, los socialistas son «unos profesionales de la mentira» y no dudó en acusarlos de intentar «manipular» a los andaluces con una nueva «fullería contable». «Le pedimos al PSOE y a la Junta –proclamó– que no busquen falsas excusas para justificar el desastre presupuestario del Gobierno andaluz». Desde esa óptica, avisó a Martínez Aguayo de que los Presupuestos de la Junta son «irreales, falsos y fulleros, al contar con unos ingresos ficticios». A su entender, las cuentas autonómicas «nunca fueron realistas» y «los malos datos de los ingresos» son sólo responsabilidad del presidente de la Junta, José Antonio Griñán, y de su equipo. «Le pedimos que no busque fuera lo que ha sido un fracaso personal suyo como consejera», lanzó el «número dos» del PP-A. En la misma línea, la nueva delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, acusó a Aguayo de «faltar a la verdad» y le preguntó «de dónde ha sacado la cifra de 2.000 millones». Griñán ha ofrecido a Rajoy en varias ocasiones colaboración leal para salir de la crisis pero parece que se imponen los intereses electorales.
Asimismo, el presidente del PP-A, Javier Arenas, aseguró ayer, en relación al control a priori de los presupuestos de las comunidades que pretende el Gobierno, que el control «más importante» que se puede ejercer es la puesta en marcha de una ley de techo de gasto para que ninguna comunidad autónoma «gaste más de lo que ingresa, porque eso significa ruina y paro para el futuro».

«No descartaremos los tribunales con Rajoy»
La consejera de Presidencia, Mar Moreno, no descartó ayer que la Junta recurra a los tribunales para defender los intereses de esta comunidad si no es posible cerrar acuerdos con el nuevo Gobierno de Mariano Rajoy sobre los contenciosos que están encima de la mesa, en su mayoría relacionados con los ingresos que el Ejecutivo andaluz considera justos. «Nunca hemos descartado los tribunales con el anterior Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ni lo haremos con el de Rajoy», advirtió. Moreno dudó de que nadie pueda esperar ahora que «lo que se discutía con ese Ejecutivo –el de Rodríguez Zapatero– se deje de discutir con el de Mariano Rajoy».

La dependencia, arma arrojadiza
La consejera para la Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, se refirió ayer a la «paralización» en la aplicación de la Ley de Autonomía Personal y Ayuda a las Personas en Situación de Dependencia que en Andalucía supondrá, por ejemplo, que en torno a 40.000 dependientes «moderados» –grado I, nivel 2– no puedan recibir prestaciones hasta el 1 de enero de 2013 en lugar de en este año 2012. En ese sentido, Navarro criticó que el Gobierno de Mariano Rajoy haya tomado esa decisión de manera «unilateral» y sin consultar a las comunidades autónomas, que son las administraciones encargadas de «desarrollar la ley» y las que aportan «la mayoría de la financiación».