El Supremo confirma que el juez Urquía cobró por liberar a detenidos

MADRID- El Tribunal Supremo ha confirmado la condena que impuso por un delito de cohecho el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía a dos años de cárcel al entonces juez de Marbella Francisco Javier Urquía, relacionado con haber pedido y obtenido 60.000 euros para liberar a tres detenidos en la denominada «Operación Hidalgo» respecto a los cuales ordenó su prisión apenas dos semanas antes. El Supremo, además, ratifica los 17 años de inhabilitación especial por prevaricación y cohecho, aunque rebaja la multa –de cien euros al día durante 18 meses a una de 25 euros al día durante doce meses– al entender que no incurrió en un delito continuado de prevaricación, ya que los tres autos de libertad de los imputados fueron dictados el mismo día.

Con esta resolución, de la que ha sido ponente el magistrado Miguel Colmenero, el Supremo viene a ratificar todo lo esencial de la sentencia del TSJA. Este sentido, el Supremo señala que Urquía acordó el 20 de abril de 2007 la prisión provisional de Azam Khan, basándose en los indicios de que utilizó un entramado de sociedades para eludir un delito cometido en Bélgica contra la Hacienda Pública por no pagar más de 136 millones de euros. Dos días después, Urquía adoptó la misma medida respecto a la mujer de Khany y su sobrino Jan Nadir. Esas decisiones se adoptaron en el marco de una Orden Europea de Detención.

La Sala rechaza de plano que la puesta en libertad de los tres imputados era la única medida posible, ya que la detención «no se podía prolongar». Así, se afirma que el 2 de mayo, Urquía decretó la libertad bajo fianza de los tres imputados «sin haber realizado comprobación alguna» sobre sus alegaciones» y «sin argumento de ninguna clase respecto a la desaparición o atenuación de las razones que habían justificado la prisión provisional». Acordó esas libertades, sostiene el Supremo, «sin que concurrieran razones objetivas de clase alguna para ello». También avala los datos que llevaron al TSJA a considerar acreditado que Urquía se puso de acuerdo con un amigo para solicitar 60.000 euros a Khan a cambio de liberar a éste, a su mujer y a su sobrino.

Libertad sin justificación
El argumento de la defensa de que no se pudo comprobar ese cobro porque en sus cuentas corrientes no figuraba ingreso irregular alguno, es igualmente rechazado por los magistrados del Supremo: «No puede valorarse como decisiva prueba de descargo la falta de constancia del ingreso de la cantidad referida en las cuentas bancarias del recurrente, pues dada la naturaleza de los hechos, no es esperable que procediera de esa forma».

El Supremo tampoco tiene dudas de que las resoluciones por las que acordó la libertad de esos tres imputados son claramente prevaricadoras, y, por tanto, injustas y dictadas a sabiendas. Así, destaca que entre los autos de prisión y los de libertad apenas transcurrieron 13 días, periodo de tiempo en el cual no hizo «ningún intento de comprobación respecto de la identidad de los hechos imputados en las diligencias a los perseguidos en Bélgica» y que la resolución fue la misma pese a que las circunstancias eran distintas, ya que uno de ellos ni siquiera recurrió el auto de prisión.
«La única explicación del cambio de criterio es la recepción por el recurrente del dinero que había sido solicitado a Azam Khan» a través de un amigo, afirma el Supremo, por lo que la resolución fue «injusta al carecer de cualquier justificación derivada de una valoración racional».

El dinero que recibió de Roca
Condena previaUrquía ya tiene una condena previa del Supremo de 21 meses de suspensión por pedir 73.800 euros al ex gerente de Urbanismo de Marbella, Juan Antonio Roca, para la entrada de una vivienda.

Bondad en la sentenciaLa sentencia del Supremo, de principios de 2009, causó estupor. El TS rebajó los dos años de prisión y siete de inhabilitación que le impuso el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con lo que podía volver a colgarse la toga.

8 millones de eurosLa Fiscalía Superior de Andalucía pidió en su día dos años de cárcel, treinta de inhabilitación y una multa de más de ocho millones de euros por los favores judiciales en la «Operación Hidalgo»