Política Cultural
«Los contenidos hay que pagarlos»
Editores y productores aplauden el giro del Gobierno en la lucha contra la «piratería cultural e informativa»
El mundo cultural y periodístico ha recibido con satisfacción –también con algunos matices, sobre todo, el de que tendría que haberse hecho antes– la promesa efectuada el viernes por el presidente del Gobierno de convertir en prioridad la «lucha contra la piratería cultural e informativa». José Luis Rodríguez Zapatero se comprometió ante representantes de los medios de comunicación a «hacer los esfuerzos necesarios para que el trabajo de autores, editores y radiodifusores sea preservado y remunerado de manera justa», y hablo, de forma extensiva de la «piratería cultural».LA RAZÓN consultó ayer algunas opiniones. Así, Pedro Pérez, presidente de la Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales de España (FAPAE), aseguró que, «por tiempos, quien sufrió la primera lacra fue la música. Posteriormente el audiovisual, y en concreto, el cine. Ahora esa amenaza se extiende con las nuevas tecnologías. El riesgo ya es para todo aquel que tiene una propiedad susceptible de ser pirateada. De la música se ha pasado al audiovisual y ahora al trabajo de los medios de comunicación y a los libros. Que se hagan esfuerzos conjuntos es lo que hemos pedido siempre. En esa línea siempre estaremos absolutamente a favor». Y advierte de que, «si no, la propiedad intelectual acabará viendo desaparecer la inversión en los medios culturales». También desde el sector audiovisual, Enrique Cerezo, presidente de la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA), asegura: «Ya era hora de que se dieran cuenta de la vergüenza que estamos viviendo toda la gente que nos dedicamos a la edición de libros, prensa o contenidos audiovisuales, que entendieran la masacre que están haciendo a todos los sectores». Y añade el productor cinematográfico: «Se tienen que dar cuenta de que internet será una herramienta utilísima, pero aquí no hay nada gratis, los contenidos hay que pagarlos. Si no, la cultura y los periódicos desaparecerán. Me parece una dirección a seguir tardía pero muy adecuada».Como representante de un colectivo a medio camino entre la escritura y el cine, Agustín Díaz-Yanes, presidente del sindicato de guionistas ALMA, resumía así su postura sobre la promesa de Zapatero: «Sé que es complicado, y difícil de resumir en unas pocas frases. Básicamente, todo dependerá de cómo se lleve cabo, pero en principio estoy completamente de acuerdo».Opiniones parecidas se recaban al tantear al mundo del libro. Antonio María Ávila es el director ejecutivo de la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE). «La postura del Gobierno viene obligada, porque España forma parte de dos tratados internacionales que lo exigen. Precisamente la violación de esos tratados es lo que ha hecho que el Senado de los EE UU nos haya puesto en la lista de los países pocos serios», cuenta el editor. Y añade: «Que España sea ahora el primer país de Europa en piratería significa que ha habido una terrible dejación por parte de los poderes públicos, que ha provocado una indisciplina social. Y desde luego, en el ámbito digital, es de fácil solución. Es absurdo decir que no se le pueden poner vallas al campo: hay que forzar a las operadoras de telecomunicación a que vigilen el uso de la red. Igual que los editores tenemos que vigilar los contenidos de lo que se publica en nuestros periódicos, revistas o libros». Y matiza: «Lo que hay que hacer es poner manos a la obra y tomar decisiones contundentes. Al ritmo que vamos, lo mismo la disposición adicional de la Ley de Economía Sostenible es insuficiente. Nos gustaría más acción y menos retórica. La situación es gravísima, lo venimos denunciando hace años y, en el caso del libro, el principal responsable son los centros públicos. Eso depende directamente de la administración, y las Comunidades Autónomas». El presidente de Cegal, Fernando Valverde, defendió que el fin de la piratería cultural se convierta por fin en «un asunto de Estado», porque, desde la asociación que agrupa a los libreros de toda España, la adquisición fraudulenta de contenidos es «un robo al comercio y a los autores, y, además, perjudica a la cultura, porque los contenidos que se difunden son de mala calidad. Están mal traducidos, llenos de errores, perjudican a todos». Y añade Valverde: «todo el mundo paga el ordenador y la factura de la conexión a internet, pero no la creación. Se ha alimentado una cultura del saqueo impune de bienes culturales».
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