Tres consejerías sabían los reparos de la Intervención a la gestión de los ERE

Al menos tres consejerías estaban al corriente de que entre 2001 y 2010 la Junta gastó 647 millones de euros en financiar empresas en crisis y ERE a través de una fórmula que podría vulnerar la Ley General de Hacienda Pública de Comunidad Autónoma de Andalucía.

Por ello, según el secretario general del PP-A, Antonio Sanz, al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, y al vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, «sólo les quedan dos caminos: dimitir ya o verse obligados a dimitir más tarde». A su juicio, las irregularidades no se llevaban a cabo «por el capricho de un director general, sino que había una trama organizada en la que participaban tres consejerías».

El máximo órgano de control cumplió el decreto 9/1999 de 19 de enero sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable, de las empresas de la Junta de Andalucía. El artículo 12.3 obliga al Interventor General a dar «traslado de los informes definitivos a las empresas, así como al titular de la Consejería de que dependan y al titular de la Consejería de Economía y Hacienda». Empleo era la que gestionaba el dinero de los ERE; de Economía deende la propia Intervención; y, la Agencia IDEA –ente que sustituyó al IFA a través del cual se pagaban las pólizas– está adscrito a la de Innovación.

El PP también aseguró que no existen sólo tres informes de Intervención de los años 2005, 2006 y 2007, sino que serían siete, el primero de ellos de 2002.

Según Sanz, «podemos da por válido que de un informe no se enteró –en referencia a Griñán–, pero es imposible que un consejero de Economía, en el mínimo ejercicio de sus competencias, no se enterara de los reparos que estaba denunciando reiteradamente la Intervención».

La aseveración de los populares está fundamentada en el citado decreto. Tanto el IFA como IDEA estaban incluidas en la programación anual de entidades sometidas a control financiero permanente, que según el artículo 11.3 lo aprueba el Consejo de Gobierno a propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda. Era obligación de la Intervención General la elaboración de un informe de este tipo todos los años.

El proceso no ha variado
Como el proceso de concesión de ayudas no ha variado hasta ahora –Empleo trabaja en una nueva normativa basada en los principios de ««publicidad, transparencia, concurrencia no competitiva, igualdad y no discriminación»–, parece lógico que la Intervención mostrara su disconformidad con el procedimiento elegido en sus sucesivos informes. La única salvedad se introdujo en 2008 con la utilización de la figura de la encomienda de gestión a la Agencia IDEA, pero no introdujo los suficientes elementos garantistas porque se han seguido detectando intrusos en los ERE.