Zapatero rechaza que mediadores supervisen la entrega de armas de ETA

El Ejecutivo cumplió con el trámite protocolario habitual en estos casos y remitió, a su vez, al mediador una misiva a modo de acuse de recibo, según confirmaron a LA RAZÓN fuentes gubernamentales. Pero hasta ahí. El Gobierno no está dispuesto a darle juego a este grupo de mediadores internacionales y mucho menos a atender sus reivindicaciones formuladas en la carta, entre las que destaca que Zapatero acepte la mediación internacional para facilitar a ETA la entrega de las armas. Algo que fuentes del Ejecutivo creen un tanto ridículo. Esas mismas fuentes se preguntan cómo se articula esa entrega de armas.

En esa misiva, Currin reclama al jefe del Ejecutivo que colabore para que Sortu sea legal y que «flexibilice las estrictas leyes de seguridad». En la epístola, suscrita, además de por Currin, por los mediadores Raymond Kendall, baronesa Nuala O'Loan, Alberto Spektorowski, Silvia Casele y Pierre Hazan, se denomina a la organización terrorista ETA «grupo violento independentista».

A su salida del hemiciclo del Congreso de los Diputados tras la tradicional sesión de control del Gobierno, Zapatero admitió haber leído «hace días» la polémica carta de Currin. El presidente aprovechó su comparecencia en el pleno de la Cámara Baja para advertir de que, «con Bildu o sin Bildu, el Gobierno no consentirá que nadie se aproveche de las instituciones en favor de la violencia», seguirá con su lucha para debilitar y acorralar a ETA y defenderá la unidad democrática contra el terrorismo.

Tras la sentencia del Tribunal Constitucional favorable a la coalición, el jefe del Ejecutivo respondió en el pleno del Congreso al diputado de UPN Carlos Salvador sobre cómo va a impedir ahora que ETA «siga comprando armas» con el dinero de los demócratas. Acto seguido, el presidente ratificó su compromiso con el marco constitucional de los navarros y demandó «responsabilidad» a la hora de hablar del Constitucional, informa Ep.

12 muertos desde la T-4
Doce personas han muerto a manos de ETA, desde que el 30 de diciembre de 2006 un coche bomba estallara en la Terminal-4 del aeropuerto de Barajas, causando la muerte de Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio. En 2007, ETA asesinaba en Capbretón a los guardias civiles Raúl Centeno y Fernando Trapero. Cuatro fueron sus víctimas al año siguiente: el edil socialista Isaías Carrasco, el guardia civil Juan Manuel Piñuel Villalón, el militar Luis Conde de la Cruz y el empresario Ignacio Uría. En 2009 fueron el policía nacional Eduardo Puelles por la explosión de una bomba lapa en los bajos de su coche, y los guardias civiles Carlos Sáenz de Tejada y Diego Salvá. Por último, el 16 de diciembre de 2010, Jean Serge Nerin se convertía en el primer gendarme asesinado por ETA en toda su historia y el último de la banda terrorista hasta la actualidad. Doce asesinatos a los que hay que sumar otras 120 personas heridas.

Interior acerca a Villabona al asesino de Fernando Buesa
El Ministerio del Interior acercó ayer a la cárcel asturiana de Villabona al etarra Luis Mariñelarena Garciandia, condenado a más de 122 años de cárcel por el asesinato del portavoz socialista en el Parlamento vasco Fernando Buesa y su escolta Jorge Díez, y por el intento de asesinato del presidente de la Diputación de Álava, Ramón Rabanera. Este acercamiento se suma a los de otros tres etarras que el departamento de Alfredo Pérez Rubalcaba ha realizado en los dos últimos meses.

Hasta ahora, el último beneficio penitenciario había sido para Andoni Díaz Urrutia, que recientemente fue trasladado a Nanclares de Oca procedente de Villabona. Anteriormente, José Ángel Biguri Camino y Goztone López de Luzuriaga Fernández habían sido trasladados a la cárcel de Martutene en Guipúzcoa. El primero de ellos fue condenado a 51 años de cárcel por el atentado contra la casa cuartel de Llodio, y el segundo, por ese mismo atentado y otros tres asesinatos, fue condenado a 127 años de prisión. La cárcel de Villabona en Asturias es, con la de Zuera (Zaragoza), una de las dos principales en las que Interior lleva a cabo su política de premios para terroristas que dan muestras de arrepentimiento.