Matrimonio a la carta por J A Gundín

La legalización del matrimomio homosexual forma parte de esa ingeniería social de la izquierda cuyo objetivo no es tanto responder a una demanda social ampliamente compartida, como erosionar aquellos principios jurídicos en los que los conservadores asientan su fortaleza. No obedece a un clamor popular, ni concierne a una mayoría más o menos sólida, ni repara una injusticia sobrevenida; simplemente, es una bandera ideológica que se enarbola bajo la pancarta difusa de «derechos civiles». Desde que el PSOE la aprobó, hace siete años, sólo han hecho uso de la ley unas 25.000 parejas homosexuales. Una cifra mínima al lado del millón de matrimonios habidos en ese mismo periodo de tiempo. Como es natural, sus predicadores no invocan como prueba la cantidad de los posibles beneficiarios, sino la «calidad» de lo que consideran un derecho del colectivo gay. Es verdad que a una parte amplia de la sociedad no le preocupa gran cosa que se llame matrimonio a la pareja homosexual. Sin embargo, no se trata sólo de una querella semántica. Una cosa es la regulación legal de un tipo de convivencia y otra su equiparación al matrimonio. Es decir, su reconocimiento constitucional supone la ruptura del concepto jurídico tradicional del matrimonio, reservado sólo a la pareja formada por un hombre y una mujer. Así que a partir de ahora, ya no habrá un único modelo, sino dos: el de siempre y el gay. Pero, ¿por qué sólo dos? Nada impediría que se reconozcan legalmente otros tipos de uniones, que son ampliamente aceptadas en culturas o países cercanos, como los mahometanos. En España vive casi un millón de musulmanes: ¿qué razón podrá oponerse a la legalización, por ejemplo, del matrimonio polígamo? ¿Y qué tal un matrimonio a la carta?