La Generalitat despedirá a 1000 trabajadores de sus empresas

El goteo de despidos es incesante en el sector público catalán desde que el pasado febrero se diera a conocer un decreto que obliga a las empresas, fundaciones y consorcios, con más del 50 por ciento de participación pública, a reducir el 5 por ciento de su plantilla antes del 30 de junio.

Para evitar un reajuste traumático, los organismos afectados, en los que se incluye desde TV3, Catalunya Ràdio o el Incasol, siguen el abecé de los recortes en la administración pública. No se repone al personal que «haya causado baja por jubilación, defunción o cualquier otra forma de extinción definitiva de la relación laboral». Hay una excepción para el personal docente y sanitario, donde se puede reponer un empleado por cada dos que se pierden. Tampoco se nombra nuevo personal interino, un colectivo que actualmente suma 33.000 trabajadores en el conjunto de la Generalitat.

ERE encubierto
Pese a las «precauciones» de las que presume el decreto, los sindicatos alertan de que tras este reajuste se esconde un ERE encubierto. A través de la agencia Efe, el responsable de la función pública de UGT, Xavier Casas, adviritió de que se están llevando a cabo despidos «sin ningún criterio económico, incluso de personas que tenían más de 20 años de antigüedad». Hasta la fecha, los sindicatos han contabilizado que en el Incasol se han despedido a 22 trabajadores; en la promotora de vivienda pública Adigsa, 20 despidos más; en el Instituto Cartográfico, otros 20, y en el Parque científico de Barcelona, 12.

Calculan que antes de verano, la Generalitat habrá despedido a más de 1.000 trabajadores de sus empresas públicas. El departamento de Governació se apremió a puntualizar que el reajuste no afectará a funcionarios con oposición ganadas. Los perjudicados serán interinos, trabajadores eventuales y personal contratado para reforzar determinados horarios, turnos o servicios.

Governació no cree que se llegue al millar de despidos. Aunque la plantilla de las empresas públicas sumaba un total de 49.970 empleados en enero de 2010, y eliminar al 5 por ciento de los trabajadores, matemáticamente, supondría despedir a 2.400 personas, el reajuste no es una ciencia exacta. Para empezar, los interinos que aprobaron las últimas oposiciones que convocó la Generalitat el pasado mes de octubre –para el cuerpo auxiliar administrativo–, está previsto que tomen posesión de su plaza en septiembre. Además, la Generalitat tiene plazas presupuestadas que no están ocupadas y que pueden reasignarse.

De todos modos, las piruetas burocráticas no evitarán bajas. Por ello, los sindicalistas saldrán a la calle a protestar, porque «no tiene sentido que en Cataluña, con una cuota de paro del 18 por ciento, la Generalitat sea parte del problema y no de la solución», lamentó, a través de Efe, la portavoz de CC OO, Josefina Pujol. Los funcionarios están indignados porque asumen el trabajo de los compañeros despedidos sin complemento salarial, mientras que los altos cargos tienen premio.

Recortes según el estatus en la administración
Las instrucciones que explican el decreto 109/2011, que obliga al sector público de la Generalitat a rendir cuentas el 30 de junio y demostrar que ha realizado ajustes para reducir el 5 por ciento de su plantilla exige a los empleados a cargar con el trabajo de sus compañeros despedidos, sin retribución alguna. Sin embargo, puntualiza que los trabajadores que ocupan un puesto de mando y que asuman las tareas de otro compañero que esté de baja durante más de 15 días o tenga un permiso de maternidad, «tendrá derecho a recibir las retribuciones propias de su trabajo más un gratificación».