WWF/Adena avisa a la Junta: llevará de nuevo Las Aletas a los tribunales

Sevilla- Durante la campaña de las recientes elecciones generales, el vicepresidente de Política Territorial en funciones, Manuel Chaves, aseguró: «Se puede decir que todo el proyecto de Las Aletas –un polígono industrial que la Junta de Andalucía pretende levantar en Puerto Real (Cádiz)– ya está desbloqueado». Explicó que el Consejo Rector del Consorcio de Las Aletas abordó en su última reunión el documento de planificación, que «es ya la primera versión sobre el plan de actuación en Las Aletas», y también el informe de sostenibilidad ambiental.

Según Chaves, se había recuperado «la velocidad de crucero» para que este proyecto «avance y se haga realidad» en unos momentos «difíciles» para la economía de la provincia gaditana.

Un discurso factible para el socialista que no lo es para WWF/Adena. Fuentes de esta organización ecologista explican que el proyecto está «en la fase de información pública para la evaluación ambiental estratégica del plan» y su secretario general, Juan José Carmona, adelantó ayer a LA RAZÓN que «presentaremos alegaciones y nuestros abogados trabajan ya para volver a recurrir a los tribunales si hace falta». ¿La causa?: «El proyecto es injustificable y va contra la ley».

Echa la vista atrás para recordar que «ya elevamos ante el Tribunal Supremo la intención de la Junta de Andalucía de promover un polígono industrial en zona de dominio público marítimo-terrestre y lo ganamos».

De hecho, dicho tribunal anuló en octubre de 2009 el acuerdo del Consejo de Ministros por el que se reservaban 287 hectáreas de suelo de dominio público marítimo-terreste, en una zona de marismas de la Bahía de Cádiz, para la construcción del espacio industrial y, por tanto, el acuerdo suscrito al respecto con la Junta. El Supremo consideró que los argumentos del Ejecutivo para justificar tal reserva de dominio público eran «claramente insuficientes» y que la decisión del Consejo de Ministros vulneraba la Ley de Costas.

Esta norma establece en su artículo 7 que los bienes de dominio público marítimo-terreste son «inalienables, imprescriptibles e inembargables» y, en el 32, la ley especifica que únicamente se podrá permitir la ocupación de zonas catalogadas de esta forma para «actividades o instalaciones que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación».

Punto que para Carmona sigue sin justificarse en este caso, porque existen áreas alternativas para acoger el polémico polígono. Se trata a, su juicio, de una actuación marcada por los despropósitos. «Nos oponemos no sólo por la importancia de la marisma que se vería afectada de llevarse a cabo, sino también por el brutal precedente que supondría, en el sentido de que es una Administración la que abunda en la degradación de una zona para descatalogarla como dominio público y acabar privatizándola». Lamenta que el Ejecutivo regional no haya buscado otros emplazamientos, con suelos ya degradados en el entorno de la Bahía de Cádiz, en lugar de «hacer de este proyecto una bandera y emprender una huida hacia adelante».

Máxime cuando, además, «sería una barbaridad construir el polígono en los terrenos previstos por la Junta porque es zona inundable», apostilla el secretario general de WWF/Adena.

Teme que ahora el Gobierno central, «presionado» por el Ejecutivo autonómico y el PSOE andaluz, «haya puesto en marcha un procedimiento administrativo para otorgarle la Declaración Ambiental Estratégica», aunque confía en que no «quede tiempo ya», por la inminente toma de posesión del Gobierno del PP de Mariano Rajoy. «Es la mayor patata caliente, el mayor problema, que tiene la ministra de Medio Ambiente –Rosa Aguilar–sobre la mesa en materia de Costas», asevera. Y añade: «Espero que el nuevo Ejecutivo ponga algo de cordura y el dinero público –el plan cuenta con una inversión superior a los 300 millones de euros– guardado para este tema se destine a otros asuntos».

 «En WWF somos corredores de fondo», avisa a navegantes.