La custodia compartida atacada

Lo mismo ocurrió en la Generalitat catalana, cuando gobernaba el tripartito. En ambos casos no se plantearon complicaciones. Sin embargo, la puesta en marcha del texto el pasado mes de mayo por parte de la Generalitat valenciana, gobernada por el PP, ha motivado el recurso de inconstitucionalidad del Consejo de Ministros, anunciado este viernes. Aunque el escrito todavía no ha sido presentado, sí que han trascendido las explicaciones del Ejecutivo: esta norma autonómica «regula instituciones civiles que carecen de antecedentes dentro de la legislación foral civil valenciana», por lo que excede las competencias de la región.

Además, en palabras de la portavoz de Igualdad del PSOE valenciano, Loli Huesca, este régimen, como criterio preferente, «sólo puede afectar negativamente al desarrollo del menor». Los padres responden: «Es un atropello. No vamos a dejar que ocurra». ¿Qué distingue a las regiones en las que está contemplada la custodia compartida? «Cuando los progenitores se separan, pueden llegar a un pacto de relaciones familiares y convivencia», explica Pilar Marco, vicepresidenta de la Unión Estatal de Federaciones y Asociaciones por la Custodia Compartida (UEFACC). Sin embargo, no es algo frecuente. «Si no hay un acuerdo, ambas partes plantearán al juez su propio pacto de convivencia. Con eso, los datos aportados por el Ministerio Fiscal y los análisis psicológicos, el juez decidirá si la custodia es o no compartida», añade.

Esta posibilidad no está contemplada en la ley del «divorcio exprés», de 2005, que rige a nivel estatal. «Con esta ley, si no hay un acuerdo de los padres, no hay custodia compartida. La custodia se la queda la madre, con fines de semana alternos para el padre», señala Marco. Algo que ocurre en más del 90 por ciento de los casos. Y que puede perjudicar a ambos progenitores. Por un lado, «se le impide al hombre participar en la vida de sus hijos». Por otro, «las mujeres hoy trabajan en igual medida que los hombres, por lo que pueden terminar esclavizadas».

La ley del Gobierno, recurrida
El enfado de las familias es monumental. Y no sólo en la Comunidad Valenciana, donde la asociación de padres y madres separados «Custodia Compartida Ya» y la asociación Abuelos por la Custodia Compartida –un problema derivado es la imposibilidad de los abuelos de ver a sus nietos– ya están movilizándose. Fernando Basanta, portavoz de la UEFACC, anunció ayer la determinación de las asociaciones de acudir al Tribunal de Estrasburgo para denunciar la ley del «divorcio exprés», que a su vez cuenta con tres recursos de inconstitucionalidad –entre ellos, los de las audiencias provinciales de Navarra y Las Palmas–. ¿El motivo? El artículo 92.8, que impide la custodia compartida si no hay un informe favorable del fiscal.

«Nadie puede estar por encima de un juez en un juicio», afirma Marco, que defiende la autonomía de los magistrados a la hora de decidir sobre la custodia. «Se ha recurrido la ley porque en la comunidad gobierna el PP. Y nosotros estamos en medio», argumenta Marco. De momento, hoy se reunirán con la Conselleria de Gobernación para ver los pasos a seguir. Y es que las reuniones con el PSOE valenciano no han dado frutos. Cuando han conseguido hablar con algún representante, el mensaje ha sido que «los padres que solicitan este régimen lo hacen para no pagar la pensión». Marco saca la conclusión de que en el PSOE, más allá de un «feminismo rancio», también hay políticos «muy machistas y muy arcaicos».

En primera persona
Vicente Mateu, profesor de instituto de 37 años de Elche, se convirtió en mayo en el primer valenciano en beneficiarse de la ley. Pero no salió como esperaba. La jueza dictó que tanto él como su ex mujer tuvieran la custodia compartida de su hija de 11 meses, pero de forma gradual. «La guardia irá aumentando y, hasta el tercer año, la custodia compartida no será plena. Yo esperaba que fuera al año, o al año y medio», dice. Pese a todo, su ex mujer recurrió la decisión. «No poder estar con mi hija es muy doloroso», lamenta.