Última chapuza por Francisco Aranda

La ley para regularizar a las empleadas del hogar no ha conseguido su objetivo, que era hacer aflorar el empleo sumergido que existe en el sector. Se trata de la última chapuza del Gobierno de Zapatero (fue aprobado en su último Consejo de Ministros), puesta en marcha sin haber analizado antes la auténtica realidad del sector. Gran parte del fracaso es achacable a que en su momento, es decir, antes de abrir el plazo de integración, no se desarrolló una labor informativa, pero el origen del problema está en las enormes dificultades del proceso.
Vaya por delante que lo recomendable es que la trabajadora del hogar esté afiliada a la Seguridad Social, pero ese camino no puede chocar con una enorme pared burocrática.
No tiene mucho sentido lanzar a muchas personas mayores que tienen empleadas de hogar por una o dos horas diarias a iniciar una compleja gincana administrativa en la que hay que aportar desde el DNI hasta un número de cuenta, pasando por los impresos de alta en la Seguridad Social (modelo T6 y TA 2/S-0138) o un contrato formalizado por escrito. En otros países esto se ha facilitado a través de un sistema de vales o bonos donde va incluido todo, también la Seguridad Social correspondiente.
No se han tenido en cuenta, por ejemplo, casos en los que cobran pensiones, de jubilación o invalidez, y el empleo doméstico lo usan como un pequeño complemento salarial, por lo que no quieren darse de alta, o aquellas que tienen permiso de residencia pero no para trabajar y a través de su marido están cubiertas ya por la Seguridad Social.