El PSOE retrasa el acuerdo con el PP sobre los desahucios

Madrid- El acuerdo entre Gobierno y PSOE en materia de desahucios sigue pendiente de ser atado. La comisión técnica retomó ayer los trabajos, pero el PSOE no se apartó de algunas exigencias que el Gobierno considera «inaceptables» porque entiende que afectan al principio de seguridad jurídica y a los deudores que hoy están haciendo frente a sus hipotecas «con enormes esfuerzos». Dice, además, que es imposible activar una reforma legal de ese calado, y con tantas consecuencias, «en horas».

«Ellos no hicieron nada y ahora, en la oposición, quieren ir más allá de lo posible. Plantean una reforma legislativa que genera inseguridad y que puede afectar al principio básico de que las deudas se pagan», sostenían ayer tarde fuentes del Gobierno.

La situación también puede tener una lectura política. Hubiera sido toda una sorpresa que los socialistas hubieran ofrecido al Gobierno la baza de presentarse en el día de la huelga general con el tanto a su favor de haber conseguido cerrar un histórico acuerdo con el principal partido de la oposición para atender la demanda ciudadana de que se dé respuesta al problema social de los desahucios.

En la pugna partidista, en un día tan señalado como el de hoy el pacto se hubiera anotado como un punto en el haber del Ejecutivo. Ayer, ante de celebrarse la tercera reunión, el PSOE filtró que el principal escollo era su propuesta de cambios en la legislación hipotecaria, informa Ep. Es una norma básica en política que para que prosperen este tipo de acuerdos de Estado los negociadores tienen que someterse con estricta severidad a la regla de la discreción y no airear jamás en el debate público posibles diferencias.

 «No hablar hasta que no se pueda hablar de lo pactado», según un veterano diputado. Por tanto, las informaciones que empezaron a circular desde el PSOE a media mañana ya anticipaban que el consenso, al menos en el día de ayer, iba a ser harto difícil. El PSOE acusó al Ejecutivo de no comprometerse a realizar cambios profundos en la legislación hipotecaria y, sobre todo, de la Ley Hipotecaria. Exigieron también que de manera inmediata se modifiquen la Ley de Enjuiciamiento Civil; la de Regulación del Mercado Hipotecario; la de Disciplina e Intervención de las entidades de crédito; y la de Subrogación y Modificación de Préstamos Hipotecarios.

Avance lo que avance la negociación, el Gobierno, que, al final, es quien tiene la iniciativa, llevará un primer paquete de medidas al Consejo de Ministros de este jueves porque entiende que el problema social exige de una respuesta legal urgente y de una solución ágil. «Lo cual no es posible» –insisten– si se pretende dar la vuelta a toda la legislación hipotecaria que está en vigor, incluida la ley de 1909. «Se trata de poner fin a este asunto con brevedad y la profundidad que exige», sentenció la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, desde Barcelona, donde participó en un acto del PP catalán.

 Los tres expertos de los dos partidos se reunieron de nuevo por la tarde en Moncloa para revisar al alza los umbrales de exclusión. Como informó este periódico el lunes, el Gobierno ha llevado a la mesa técnica la propuesta de revisar los niveles de renta y también del precio de las viviendas que se establecían en el Código de Buenas Prácticas. La experiencia y la evolución de la crisis ha evidenciado que las horquillas iniciales eran demasiado estrictas y que la situación social obliga a extender una especial protección hipotecaria sobre familias con hijos a cargos, ancianos, discapacitados y también parados de larga duración.

Anoche, el Gobierno confirmó que el decreto ley para frenar los desahucios pretende salvaguardar los intereses de tres colectivos: ancianos, discapacitados y familias numerosas, indicaron fuentes gubernamentales. Al Ejecutivo le preocupa que cambios legislativos «mal medidos» afecten al crédito, al mercado inmobiliario y hasta a la prima de riesgo.

 Las dos delegaciones reunidas en Moncloa, encabezadas por Miguel Temboury, por parte del Ejecutivo, y por Inmaculada Rodríguez Piñero, por el lado socialista, acordaron volver a reunirse hoy a las 18:30 para perfilar las medidas del decreto.

Una tregua para María Olivia
María Olivia, una mujer ecuatoriana que reside en Parla desde 2003, enferma de asma y de artrosis y responsable de sacar adelante a sus dos hijos y a su yerno, consiguió ayer que se paralice el desahucio de su casa y evitó quedarse en la calle. A las 12:30 horas estaba previsto que Olivia fuera desahuciada de la que ha sido su casa los últimos ocho años, pero la Plataforma de Afectados por los Desahucios de Parla logró aplazar la orden hasta el 28 de febrero, aunque el banco ya se ha hecho con la vivienda mediante subasta. Ayer, María Olivia relató los días de tensión que ha vivido junto a su hijo menor, de 21 años, y su otra hija, de 22, mientras se pregunta por qué Bankia se queda con su casa «para dejarla vacía». La mujer mostró el requerimiento judicial que recibió el pasado miércoles, en el que le informaban «con menos de una semana de antelación», de que ayer sería desahuciada. «Compramos esta casa en 2003 cuando mi marido y yo trabajábamos, pero cuando le despidieron tuvimos que dejar de pagar, a mediados de 2010. Mis hijos no encuentran trabajo y yo tengo un empleo esporádico como camarera de hotel que se me acaba el 3 de enero», comentó María Olivia. El marido se marchó a Valencia hace dos meses, «pero tampoco encuentra nada. Nuestra situación es desesperada», explicó con preocupación. Añadió que Bankia les concedió una hipoteca de 162.000 euros en 2003, pero ahora les piden 210.000 porque a esta cantidad se han añadido 48.000 euros en concepto de intereses. «He estado pagando durante años 750 euros al mes, pero los últimos recibos eran de más de mil euros. Todos mis ahorros, toda mi vida, la he dejado en esta casa. He hecho reformas, he invertido mi dinero y no quiero irme de aquí», manifestó compungida.