El «efecto dominó» de Casas

Tres años, diez meses y 28 días después de que el PP interpusiese su recurso contra el Estatut, el pasado 28 de junio hubo al fin fumata blanca en el Tribunal Constitucional (TC). Suena a condena, y en cierta forma así ha sido para el crédito del Alto Tribunal, que se ha visto sometido en ese tiempo a un fuego cruzado dia-léctico sin precedentes. El pasado 19 de mayo, cuando el sexto borrador del fallo cosechó un nuevo fiasco, muy pocos confiaban en que los diez magistrados fuesen capaces de ponerse de acuerdo, sobre todo teniendo en cuenta que dos ponentes –la progresista Elisa Pérez Vera y el conservador Guillermo Jiménez– habían fracasado en el intento y que la precampaña electoral catalana asomaba ya en el horizonte.Ese mismo día, la presidenta del TC, María Emilia Casas, se vio obligada a dar un paso al frente. La responsabilidad de elaborar la séptima ponencia iba a ser ahora suya y en ese envite estaba en juego que el prestigio de la institución no continuase despeñándose ante la imposibilidad de dictar la esperada sentencia.Las cartas estaban sobre la mesa desde la votación del borrador de Pérez Vera el 16 de abril, cuando el progresista Manuel Aragón se había alineado con el sector conservador para rechazar la ponencia. A Aragón se le colgó (merecidamente, como luego se demostró) el cartel de hombre clave. Para la presidenta, sin embargo, suponía mucho más: su apoyo podía venir acompañado del aval del vicepresidente Guillermo Jiménez, adscrito al sector conservador, que le eximiría de recurrir a su voto de calidad, una posibilidad que todo el mundo daba ya por segura. La sombra del ex presidente del TC Manuel García Pelayo, decisivo para que el Gobierno de Felipe González pudiese respirar tranquilo por la expropiación de Rumasa, era demasiado alargada.«Era una batalla perdida»«Lo de Aragón era una batalla perdida desde hacía tiempo; se trataba, por tanto, de aprovechar las partes en las que había acuerdo y buscar una fórmula para el resto: la votación por bloques», explican fuentes próximas al Alto Tribunal. En definitiva, había que dejar a un lado el preámbulo (con la polémica definición de Cataluña como nación que Aragón había señalado como «casus belli») y abordar los artículos menos conflictivos.Pero, ¿qué cambió desde que el TC despachó los recursos de la Generalitat hasta el Pleno definitivo de cinco días después para que Aragón y Jiménez diesen el sí a Casas? En ese plazo, Casas habló con Aragón. Para la presidenta, era innecesario herir sensibilidades incluyendo en el fallo la no validez jurídica de la definición de Cataluña como nación, pero finalmente tuvo que ceder. «Aragón quemó sus naves con ese argumento –aseguran esas mismas fuentes– y a partir de ahí se vio entre la espada y la pared». La sentencia ya era una realidad. Ahora, se trataba de evitar el voto de calidad. «Hubiera sido un horror».Pero, qué llevó a Jiménez, ponente de un borrador bastante menos permisivo que el finalmente aprobado (anulaba una veintena de artículos) a variar su postura? Según las fuentes consultadas, al vicepresidente no le hizo ninguna gracia que ni siquiera sus compañeros conservadores apoyaran en bloque su proyecto de sentencia el pasado mayo. El revés de JiménezLa ponencia no llegó a votarse y las versiones más optimistas apuntan que únicamente fue capaz de atraerse el respaldo de dos de sus compañeros. Otras, que ni siquiera eso. ¿Pudo afectar ese revés para su repentino cambio el día decisivo? «Jiménez siempre ha ido de la mano de Aragón en las deliberaciones sobre el Estatut y también votó con el sector progresista cuando el TC avaló la constitucionalidad del estatuto valenciano», subrayan.Pese a esas expectativas, cuando Casas convocó el Pleno del 28-J la semana anterior no veía el camino despejado. «No pensaba que podía haber sentencia. El viernes, de hecho, no era muy optimista, porque no veía clara la votación por bloques. Sabía que sin Aragón no se atraía a Jiménez, eso seguro». Luego, todo cambió y el 1+1 de Casas surtió efecto.El 28-J estaba señalado en rojo desde tres semanas antesLa fecha del 28 de junio como posible «alumbramiento» de la sentencia estaba marcada en la agenda de Casas. «Desde hacía tres semanas estaba prevista, sin saber todavía el medio para alcanzar el acuerdo», aseguran las fuentes consultadas. Para entonces, Casas todavía confiaba en no tener que recurrir a su voto de calidad para que el fallo saliese adelante. «En realidad, cuando estuvo más cerca de utilizarlo fue cuando se votó la ponencia de Elisa Pérez Vera, porque si entonces Aragón (dcha.) hubiese votado a favor no le hubiese quedado más remedio», añaden. Antes de que el Pleno se decantase por el voto por bloques, todavía estaba abierta la posibilidad de forzar una votación artículo por artículo, algo que –recalcan esas mismas fuentes– «sólo querían los que buscaban un fallo deslegitimado».