Castilla y León
El Gobierno Herrera moverá 81 médicos y 49 enfermeras de zonas rurales a urbanas
La Junta reitera que «en estos momentos» no corre peligro ningún empleo
VALLADOLID- El Gobierno que preside Juan Vicente Herrera moverá, principalmente de zonas rurales a urbanas, 81 médicos y 49 enfermeras, una reordenación motivada por la despoblación de los pueblos de Castilla y León cuyos habitantes han emigrado a las capitales.
Así lo aseguró el gerente regional de Salud, Eduardo García, tras reunirse con los sindicatos en la Mesa Sectorial de Sanidad, en la que se abordó el borrador del Plan de Ordenación de la Atención Primaria que desarrollará la Administración regional.
El encuentro también sirvió para explicar que podría contar con una segunda fase a partir de enero con la movilización de otros 171 médicos y 70 enfermeras que trabajan en áreas en las que hay menos población.
Para esta primera fase, la Consejería ha creado ha creado un grupo técnico de trabajo junto a los sindicatos, que analizará antes de que concluya el mes de agosto cómo llevar a cabo la fórmula operativa de reordenación de facultativos, qué personas podrían entrar en la misma, y cómo desarrollar la elección o la voluntariedad. Entre estos asuntos, los representantes de los trabajadores solicitaron a García mayor información sobre las alegaciones presentadas al documento y la respuesta que la Junta da a cada una de ellas, a lo que éste se comprometió a enviar un resumen con las mismas.
De los 81 médicos que cambiarán su puesto de trabajo, según García, 69 lo harán dentro del actual área de salud en la que desempeñan su empleo, mientras que una docena se moverá a otra zona diferente, capítulo para el que se tendrán en cuenta las plazas vacantes. A pesar del anuncio de estas medidas, el gerente remarcó que «en estos momentos, no corre peligro el puesto de trabajo de ningún médico o enfermera».
Una de las propuestas de los sindicatos para abordar esta reorganización es que ésta sea de carácter voluntario, algo que el Ejecutivo autonómico considera «difícil», dado que podría causar problemas administrativos que conllevasen paralizaciones judiciales, informa Ical.
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